El anuncio, que fue calificado por el ministro como un "momento histórico en la Argentina", busca constituir un ordenamiento en todo el país similar al que ya se implementa en Jujuy y Salta desde 2015 y consideró que es "idóneo y eficaz" y que implica pluralidad, transparencia, publicidad, participación de partes, no tanto papeleo ni tiempo".
Al explicar el alcance de la reforma, el ministro detalló: "Si sos víctima de un delito, interviene un juez que puede delegar la causa en un fiscal o quedársela de forma selectiva. A partir de ahora, toda causa va al Ministerio Público que analiza si vale la pena investigar la causa o es insignificante; si se puede plantear un juicio abreviado o una conciliación".
Otro de los grandes cambios es que el sistema pasa a ser adversarial –implica la oposición que existe entre un defensor que busca el cumplimiento de las garantías del imputado, y un fiscal, que lo acusa– y oral. Esto, entre otras cosas, implica una mayor celeridad en los procesos judiciales.
"Es el sistema idóneo, eficaz, oralidad, transparencia, publicidad, participación de partes, no tanto papeleo, tiempo, es mucho más rápido", enumeró entre los beneficios y subrayó que se evita "algo que es un tremendo daño para las víctimas, para el imputado y la sociedad que es las prolongación indebida de los procesos".
En cuanto implementación en el orden federal, adelantó que se enfocarán en la ciudad de Rosario, "con celeridad debido a la situación de emergencia, crisis, clamor popular, llamado de los propios jueces, para actuar". Luego le seguirían las provincias de Mendoza, San Luis y San Juan.
Adelantó además que la reforma estará acompañada "a la brevedad" por la implementación del juicio por jurados y una reforma del Código Penal.
Reunión con el titular de la Corte Suprema
Previo a la conferencia, Cúneo Libarona encabezó en la Rosada la "Primera Reunión del Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal", de la que participaron además el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, y el presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Mariano Borinsky.
Esta semana entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en Rosario que supone la consolidación del sistema penal acusatorio y que busca combatir la violencia criminal en Santa Fe.
El artículo 1° de la resolución, que llevó la firma del ministro, dispone "la plena e inmediata entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario a partir de las 00:00 horas del día 18 de marzo de 2024".
Según la cuenta oficial de la Oficina del Presidente, se puso en marcha "una comisión redactora para reformar el Código Penal con nuevas conductas punibles y elevación de las penas previstas para narcotráfico, crimen organizado y delitos asociados".
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