El Gobierno dejó sin efecto una Resolución de 2019 que permitía tramitar el Certificado de Antecedentes Penales en los Registros de la Propiedad del Automotor.

Se trata de la Resolución 72/2019 del entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la cual la administración de Alberto Fernández dispuso la instalación de Unidades de Expedición y Recepción (UER) dependientes del Registro Nacional de Reincidencia, en los Registros del Automotor.

Ahora, a través de otra Resolución -la 141/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial- el Ministerio de Justicia dispuso eliminar esa medida, a raíz de que el Registro Nacional de Reincidencia "ha experimentado un profundo proceso de avance tecnológico lo que permite en la actualidad que los ciudadanos argentinos puedan solicitar, abonar y diligenciar sus Certificados de Antecedentes Penales de forma totalmente digital y sin necesidad de concurrir de modo presencial a Sede Descentralizada alguna o recurrir a Unidades de Expedición y Recepción (UER)".

Por ese motivo, Justicia instruyó al Registro de Reindidencia y a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor "a arbitrar las medidas necesarias para proceder a la desinstalación de las Unidades de Expedición y Recepción (UER) emplazadas en los términos de la Resolución 72/2019 del 18 de enero de 2019".

A partir de diciembre de aquel año, el Certificado de Antecedentes Penales podía realizarse en todos los Registros de la

Propiuedad Automotor, con el fin de "agilizar los tiempos de gestión", según justificó el Poder Ejecutivo en aquel entonces.

Ese Certificado es un documento en formato electrónico emitido por el Registro Nacional de Reincidencia mediante el cual se certifica la existencia o no de antecedentes o procesos penales pendientes del solicitante.

Este trámite resulta indispensable para el desempeño de una importante cantidad de actividades laborales y comerciales, como al momento de ingresar a un nuevo trabajo o solicitar la licencia profesional de conducir, entre otras.

Esta medida se suma a otra decisión vinculada con la actividad registral que el Gobierno tomó durante la semana pasada, cuando la AFIP eliminó el Certificado de Transferencia de Automotores (CETA) para vehículos usados.

Los encargados de los Registros del Automotor han cuestionado en numerosas oportunidades que les hayan sumado tareas que no les son propias, ya que por ejemplo todavía funcionan como agentes de recaudación de impuestos provinciales o tasas municipales, además de tareas de control delegadas por la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Las simplificaciones que el Ministerio de Justicia viene aplicando encauzan el verdadero carácter de registradores, aseguran en el sector.