El intendente de Río Grande, Martín Pérez tomó la determinación de vetar la Ordenanza votada por el Concejo Deliberante, en donde buscaban que taxistas, remiseros, taxi fleteros y servicios de transporte escolar, dejen de pagar el impuesto automotor.

Dicha medida había generado en la opinión público un fuerte malestar, dado que no estaba de acuerdo de este privilegio para algunos sectores de la ciudadanía riograndense.

La ordenanza había sido sancionada por el Concejo Deliberante bajo el asunto N° 15/2024 donde se eximía del pago total del pago de impuesto de automotor durante el ejercicio fiscal para los sectores antes mencionados. La mayoría de los concejales entendían que era una manera de sobrellevar la crisis econímica actual que afecta a los vecinos que prestan servicios de transporte.

Mediante el decreto 250/2024 se vetó totalmente la norma aprobada en el ámbito legislativo. Argumentan que la ordenanza "produciría una drástica disminución de en los recursos financieros del Municipio para la ejecución de sus consecuencias". Además, agregan que "la estimación de recursos y gastos previstos para el ejercicio 2024 constituye una facultad reservada al Departamento Ejecutivo Municipal".