Judiciales reclaman aumento y rechazan nuevos ingresos

El secretario General de la seccional local de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Luis Bechis, dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre las medidas de fuerza que han definido para el 25 de septiembre, con un paro total de actividades en reclamo de aumento salarial, y también dio a conocer el malestar por los nuevos ingresos proyectados, que afectarán la posibilidad de mejorar los salarios de la planta actual. Con una pauta general del 15% marcada por el gobierno desde el inicio del ejercicio, el gremio negoció un 5% y es todo el aumento recibido en lo que va del año. “La situación nos preocupa por la caída del poder adquisitivo y la realidad económica, por eso seguimos en la mesa de paritarias con el Superior Tribunal para ver de qué manera podemos ir acomodando esto, sin obviar que vivimos en una provincia donde la realidad económica es bastante compleja”, expresó. Dijo que actualmente la justicia tiene un plantel de 643 personas, incluidos magistrados y funcionarios, de los cuales son 429 los empleados judiciales, pero se proyecta llevar a 800 personas. Hasta ahora “es una planta acotada la del Poder Judicial provincial, porque abarca Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, y es un trabajo del gremio cuidar el ingreso de personal para tener un presupuesto que haga posible tener buenos salarios, con buena calidad del servicio de justicia, pero con una cantidad acotada de empleados que no haga que el día de mañana tengamos que empezar a tener salarios que no son los que un pretende”, planteó. Hizo público el malestar por las incorporaciones tanto de empleados como de funcionarios y la pretensión de seguir sumando: “Se hizo un sistema de inscripciones a nivel provincial donde anotaron más de cuatro mil personas y nosotros creemos que no es lo mejor. Las personas están esperando la posibilidad de ingresar y en este año judicial a lo sumo podrían ingresar 40 personas, que es el 1% de los inscriptos. Se genera una cuestión social que no está bien, porque se generan expectativas y no comparto este tipo de accionar”, dijo. Para Bechis debería haber una redistribución, dado que “hay unidades funcionales que necesitan de más personal, pero también estamos convencidos de que hay otras donde debemos relocalizar personal. Por la tarea que realizan, tal vez el personal que tienen excede la necesidad de recursos humanos”. Agregó que han existido “ingresos por fuera de los concursos realizados, no tenemos la acordada, porque todavía no se ha publicado, y por eso nuestra reacción fue levantarnos de la mesa de negociaciones. Sabemos que tienen facultades discrecionales aquellos que trabajan en la sede del Superior Tribunal y otros entes satélites, pero se hace entrar personal sin concurso y luego se lo traslada a un lugar donde sí es necesario el concurso. Esto no lo podemos aceptar y no lo vamos a acompañar. La facultad discrecional es algo que existe, que se utiliza, y no sólo se hace en el escalafón de empleados sino en el de magistrados y funcionarios, y muchas veces el silencio hace que se siga haciendo de esta forma”, cuestionó. Lo cierto es que el Presupuesto 2019 de la justicia llegaría a los1.300 millones y “la idea que tiene el Poder Judicial es de casi 800 empleados, por el crecimiento vegetativo y por las nuevas estructuras, como la cámara civil y penal de Ushuaia, los juzgados laborales en Ushuaia y Río Grande, los juzgados de instrucción y la puesta en funciones de lo que va a ser el multipuertas de la ciudad de Tolhuin, que el año que viene va a estar funcionando. Ya funcionan algunas áreas judiciales en Tolhuin y todo esto va a ir creciendo”, señaló. Reconoció una brecha salarial importante dentro de la justicia, desde el salario de un empleado de 40 mil, hasta montos superiores a los 200 mil para los jueces. “Nosotros no queremos igualar para abajo sino para arriba. La meta que tomamos como gremio desde 2008 es que el ingresante al Poder Judicial tenga un salario que tenga que ver con la canasta familiar. No queremos que la familia judicial pierda la posibilidad de tener salud, educación y un buen vivir para cualquier trabajador”, planteó. “Hoy estamos un poco atrás y supuestamente la semana que viene vamos a tener asamblea y la comisión directiva ha definido un paro para el día 25 de septiembre. Será un paro activo sin concurrencia al lugar de trabajo, por toda la realidad económica nacional y provincial”, manifestó. “Vamos a comenzar con acciones para ver de qué manera equiparamos el salario a la canasta familiar. Hoy en día no tenemos determinada cuál es la canasta básica, pero seguramente debe estar llegando a 40 mil pesos en la provincia”, estimó. Cuanto menos pretenden completar el 15% de la pauta de este año pero “también pretendemos mucho más. Esta semana vamos a tener reuniones con el Superior Tribunal y queremos hablar con el área de Economía, para ver si está el dinero, porque pedir un aumento salarial si no está el dinero, es una cuestión que se complica. Queremos ver realmente lo que podemos conseguir pero que llegue de manera inmediata al bolsillo del trabajador”, sostuvo. “La intención es definirlo a más tardar la semana que viene y antes de fin de año seguir acomodando el salario para que sea el que merece cada trabajador. La semana que viene tendremos asambleas y vamos a empezar a dialogar con los afiliados, dando la postura del gremio, y ya está definido el paro de actividades el día 25 de septiembre. Creemos que es una necesidad hacer esta medida para tratar de encaminar las medidas económicas que se están tomando a nivel provincial”, subrayó. A nivel infraestructura dijo que “se sigue avanzando con la sede del Superior Tribunal, que estaría terminada en 2019. Se está haciendo la construcción del edificio en Tolhuin. En Río Grande se han refaccionado algunas unidades y esto ha hecho que esté en mejores condiciones para brindar el servicio de justicia. De a poco se va delineando todo lo que es el lugar físico para brindar el servicio de justicia. El sistema está funcionando bien, todos los días se va mejorando y no hemos tenido una queja de mal funcionamiento, o que no sea efectivo y operativo”, concluyó.

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