El secretario general de la UOCRA, Julio Ramírez, cargó contra el gobierno fueguino por la falta de pago de los certificados a las empresas adjudicatarias de las grandes obras licitadas por la gestión anterior, y amenazó con un paro provincial, con el argumento de que están despidiendo trabajadores porque “no tienen plata”.

Puntualmente se refirió a la obra del corredor costero Canal Beagle, luego de los 44 despidos que tomaron estado público. Cabe recordar que el dirigente el año pasado hablaba de “300 trabajadores afectados a la obra” en su etapa inicial, pero se conoció que solamente la empresa declaró poco más de 80, de los cuales la mitad son de Tierra del Fuego.

En esta “pulseada” entre el gremio y la gestión Melella, para Ramírez “hasta ahora va ganando el gobierno (sic)”, según dijo por FM La Isla. “Creo que van a cortar un tramo. Va ganando el gobierno en el sentido de que van a cortar un tramo, que están despidiendo gente, que no pagan las certificaciones. Está peor de cuando empezó todo esto”, dijo.

Consultado sobre la paralización por orden judicial y las causas en trámite, a instancias de organizaciones ambientalistas, sostuvo que “todas las voces que no sean del gobierno y de la empresa me tienen sin cuidado, porque hay muchas mentiras y dicen cosas que no son así. Lo que puedo decir es que en esta obra hubo una licitación, se presentó esta empresa Juan Felipe Gancedo con los papeles en orden, y que la plata estaba para hacer toda la obra. Entró este gobierno y quiere cortar un tramo. Por lo menos el tramo 3 no se va a hacer”, dijo de la ruta que llegaría a Cabo San Pío.

Sólo con Melella

El dirigente remarcó que solamente va a hablar con el gobernador Melella de este tema. “La otra semana le pedí una audiencia al gobernador por los 44 despidos que generaron ellos hace una semana y media. La razón del despido es que no le dan autorización a la empresa para seguir trabajando y también que no pagan. Aparte la empresa necesita la autorización para seguir trabajando y el gobierno no mueve ningún papel para autorizarlo ni para aprobarles nada. Tiene parada la obra, la empresa no cobra y entonces tuvo que echar a 44 compañeros”, indicó.

Avizoró que los despidos van a continuar porque quedaron “50 compañeros que son maquinistas, a la espera de que el gobierno termine las auditorías y no sé si les van a pagar o qué van a hacer. Creo que la empresa va a esperar una semana o dos y, si no arreglan, va a tener que echar a toda la gente. Ahí no sé qué va a pasar porque la empresa invirtió un montón de plata: invirtió en campamentos para los tres tramos y eso lo va a tener que pagar todo el gobierno”, afirmó.

“Con esto va a pasar lo que pasó con el puerto de Río Grande, que hasta el día de hoy sigue la deuda. Ya si se para el tramo 3, le van a tener que pagar a la empresa la rescisión del contrato, más los gastos que tuvo, y al final les van a tener que pagar todo. Va a salir más barato hacer el tramo 3 a que el gobierno le pague a la empresa todos los gastos que tuvo”, barajó de acuerdo a sus cálculos.

Dijo estar al tanto de las gestiones de Gancedo e informó que tuvo contactos “con la Ministra de Obras Públicas, con contadores y gente de gobierno, y siempre les dijeron que lo iban a solucionar, que no iban a despedir a nadie pero fue todo una mentira. Todos hablan y al final terminaron echando 44 compañeros sin que se solucione nada”.

Aseguró que lo mismo ocurre con otras obras en ejecución. “Acá no cobra nadie. Hay una empresa que está haciendo mantenimiento en todas las escuelas y empezó con el otro gobierno. Al llegar este gobierno la empresa sigue haciendo trabajos pero el empresario me dice que va a despedir a 28 personas porque no pagan los certificados. Vienen arrastrando certificados del otro gobierno y todo lo de este y no les dieron un peso. Va a tener que echar gente. Yo no sé cómo termina esto o cómo va a empezar este gobierno a solucionar estos temas”, criticó.

Según Ramírez, Melella le respondió que “está en Buenos Aires y está viendo si puede reunirse jueves o viernes cuando vuelva”, al tiempo que descartó una reunión con la vicegobernador Mónica Urquiza, con quien mantiene un enfrentamiento público desde que era legisladora provincial. Cabe recordar que le pidió a la entonces legisladora que “no opinara” de la obra, además de acusarla de “poner palos en la rueda y dejar sin trabajo a 300 obreros de la construcción”, si bien nunca existió ese número de empleados.

“No me interesa tener contacto que no sea el gobernador o la empresa. Yo defiendo las fuentes de trabajo y yo hablo con el gobernador. Con la vicegobernadora y todos los que están atrás no me interesa hablar porque sé que no me van a solucionar nada. No le solucionan a las empresas, porque le están debiendo plata a todas, y tienen 120 millones de dólares que dejó el otro gobierno para poder seguir la obra y que le paguen a la empresa”, observó sobre el remanente de la colocación de bonos.

Además consideró que la auditoría de la UBA no debería tener ninguna injerencia en esto. “Aunque esté revisando la UBA igual pueden pagar. Además la UBA no tiene nada que ver”, fustigó, e insistió en que el gobierno “puede pagar algunos certificados para que la empresa siga manteniendo a la gente”, en caso de Gancedo.

Amenaza de paro

Según Ramírez, hasta ahora los despedidos de Gancedo no fueron reubicados en otras obras de la provincia, como la reparación de edificios escolares. “La preocupación es legítima. Uno pensaba que en este gobierno iban a empezar a trabajar con la obra pública esta temporada, pero cada día que va pasando me llega la sorpresa de que las empresas me están llamando para despedir gente porque el gobierno no paga”, remarcó.

“Yo voy a hablar con el gobernador porque me gusta hablar las cosas directas. Esto se tiene que arreglar, si no, lamentablemente van a hacer paro en Tierra del Fuego los trabajadores de todas las empresas. Vamos a hacer un paro en la provincia si no tenemos respuesta, porque cada día tengo más despidos, más desocupados y la gente no tiene para comer”, advirtió.

Con respecto a los reclamos por incumplimiento de las condiciones de trabajo del personal y su regularización, reconoció que hay falencias pero volvió a responsabilizar al gobierno: “El Ministerio de Trabajo no puede ir a hacer una multa a las empresas porque no pagan a los trabajadores, cuando el gobierno no les paga. La gente obviamente tiene que estar en regla, pero cómo van a estar en regla si las empresas no tienen plata para comprar la ropa, ni para incorporar los 931. El Ministerio de Trabajo exige pero el gobierno no paga. Hay atrasos de 100 días, 150 días, 200 días, se deben 70 millones de pesos en el microestadio, y son 20 certificados no solamente de este gobierno sino del otro. Las empresas van achicando hasta que llegan un momento que no cobran nada y echan a todos”, planteó.

“Como sindicato no estamos en contra del gobierno ni le queremos hacer mal al gobierno. Yo lo que necesito es trabajo para la gente. Tengo que defender a los compañeros a rajatabla”, concluyó Ramírez.