La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) elevó a la Legislatura provincial una iniciativa que busca generar un fondo específico para atender los reclamos salariales de trabajadores estatales. La propuesta contempla la creación de un Impuesto Extraordinario a la Actividad de la Industria Portuaria y una Tasa Portuaria Especial, con el objetivo de equiparar los ingresos de empleados de los escalafones seco y húmedo.

El proyecto fue ingresado formalmente el pasado 27 de mayo y está dirigido a la presidenta del parlamento, Mónica Urquiza. Desde el sindicato aseguran que se trata de una herramienta fiscal concreta para mejorar las condiciones laborales de quienes se desempeñan en áreas clave como salud, educación, desarrollo social, administración y seguridad.

La propuesta establece tres ejes impositivos:

Un impuesto extraordinario del 3% sobre la facturación anual de empresas portuarias que superen los $2.000 millones en ingresos brutos.

Un adicional del 3% para aquellas firmas con utilidades netas mayores al 20% del total facturado.

Una tasa portuaria del 0,5% sobre el valor FOB de mercadería exportada e importada por compañías que superen las 1.000 toneladas anuales de carga.

Además, se contempla la exención para PyMEs del sector con menos de 50 empleados registrados.

Todo lo recaudado será administrado por la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) y la Dirección Provincial de Puertos (DPP). Los fondos estarán destinados exclusivamente al Fondo Salarial de Equiparación para los Escalafones Seco y Húmedo, creado por la misma ley. A su vez, se exige que la distribución de los recursos sea pública y se informe trimestralmente, detallando ingresos, destino de los fondos y aumentos salariales otorgados.

Desde ATE sostienen que los salarios estatales no alcanzan para cubrir la canasta básica y que las negociaciones paritarias resultan insuficientes sin un respaldo económico real.

“El Estado necesita una herramienta fiscal que permita dar respuestas estructurales a las demandas del personal esencial”, expresaron desde la entidad gremial.

En los fundamentos del proyecto, el sindicato cuestiona que muchas grandes empresas amparadas por la Ley 19.640 no tributan en proporción al volumen de sus operaciones. En ese sentido, proponen una redistribución más justa que grave a quienes tienen mayor capacidad contributiva, sin afectar a los pequeños emprendimientos.

El proyecto también prevé la conformación de una Comisión de Control y Seguimiento encargada de fiscalizar el destino del fondo. Esta estará integrada por:

Un representante del Ministerio de Economía,

Dos legisladores (uno por la mayoría y otro por la oposición),

Dos representantes gremiales con personería,

Y un veedor del Tribunal de Cuentas.

Convocatoria al debate

ATE pidió a la Legislatura que trate el proyecto con celeridad y extendió una invitación a otros gremios y actores sociales a participar en el debate.

“Frente a un escenario económico complejo, esta propuesta representa una salida progresiva y justa que busca garantizar transparencia y sustentabilidad en la política salarial estatal”, destacaron en la nota formal de presentación.