El parate de la construcción vuelve a encender luces rojas en Tierra del Fuego tras la decisión del Gobierno nacional de dar de baja el plan Procrear. Julio Ramírez, titular de la UOCRA provincial, describió un escenario que, según él, ya roza la emergencia social: “Pensábamos tomar 300 obreros para los nuevos proyectos y ahora no hay nada en vista”, lamentó.

El dirigente recordó que la paralización de las obras públicas era un temor instalado desde la asunción del actual Ejecutivo, pero subrayó que la confirmación del recorte cayó “como un baldazo de agua fría” sobre un gremio que —dice— ve a sus afiliados “pasar hambre por falta de tareas”.

Ramírez reveló que, ante la llegada de la veda invernal, el gobernador Gustavo Melella comprometió un subsidio de 65 mil pesos mensuales. “Apenas cubre medio changuito de supermercado, pero es lo único que tenemos”, ironizó, mientras espera una ayuda adicional del municipio riograndense.

El impacto se extiende más allá del obrador: los corralones prácticamente dejaron de vender materiales, y la fuerte inflación empujó la bolsa de cemento por encima de los 20 mil pesos. Sin obras nuevas, el comercio local perdería otro sostén clave en plena temporada baja.

Para agravar el cuadro, apenas 60 trabajadores permanecen activos en pequeñas tareas vinculadas al sector gasífero y con contratos que expiran en tres meses. El gremio teme un aumento del desempleo y vislumbra un éxodo de mano de obra especializada: “Algunos ya piensan en vender sus cosas e irse de la isla porque no ven futuro”, admitió Ramírez.

El dirigente cerró con un llamado a la reactivación inmediata: “Si no hay inversión estatal o incentivos privados, la provincia se quedará sin oxígeno productivo. El invierno será más duro que nunca para las familias del sector”.