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Gremiales

Chau aportes sindicales obligatorios: así cambiaría el financiamiento de los gremios

El Gobierno presentó el informe final del Consejo de Mayo y confirmó que el paquete de reforma laboral incluirá modificaciones profundas en el esquema de aportes sindicales. El documento, difundido este martes, retoma un diagnóstico que expone tanto el alcance económico de los descuentos obligatorios como la falta de controles en su aplicación.

Un estudio elaborado por Zentrix Consultora dimensiona el fenómeno: los diez sindicatos más grandes reciben alrededor de u$s685 millones por año gracias a descuentos aplicados sobre los salarios formales, incluso de trabajadores no afiliados. En pesos, la recaudación total supera holgadamente el billón anual. El informe, titulado “El poder sindical en Argentina: estructura, financiamiento y límites a la libertad del trabajador”, concluye que se trata de un mecanismo de elevada concentración financiera, escasa transparencia y liderazgo gremial perpetuado durante décadas.

Un sistema de recaudación que atraviesa a toda la actividad formal

Los convenios colectivos homologados —en muchos casos hace más de veinte años— fijan aportes que se descuentan obligatoriamente a todo empleado alcanzado por la actividad, sin importar su voluntad de afiliarse. Cerca de tres millones de trabajadores integran los sectores de comercio, camioneros, construcción, sanidad, metalúrgicos, bancarios, transporte, alimentación, gastronómicos y luz y fuerza.

El promedio anual descontado por persona asciende a $327.000, aunque las diferencias entre gremios son notorias. Un trabajador de SMATA llega a aportar $719.680 por año, mientras que un chofer de Camioneros destina $509.340, y un empleado de Comercio alrededor de $345.480.

Concentración y falta de reglas claras

El informe advierte que la disparidad de montos evidencia la ausencia de un criterio uniforme. Cada gremio determina sus propios porcentajes, configurando un esquema “parafiscal” donde las reglas varían de actividad en actividad y sin mecanismos sólidos de auditoría.

La recaudación anual muestra una fuerte concentración:

  • Comercio: u$s304,6 millones
  • Camioneros: u$s79,5 millones
  • Construcción: u$s65,7 millones
  • SMATA: u$s56,1 millones
  • Metalúrgicos: u$s48,3 millones
  • Gastronómicos: u$s45,1 millones
  • Sanidad: u$s32,6 millones
  • Alimentación: u$s24,9 millones
  • Bancarios: u$s16,9 millones
  • Luz y Fuerza: u$s11,3 millones
En conjunto, los recursos administrados representan el 0,11% del PBI, un caudal que, según el estudio, contribuye a la continuidad de liderazgos gremiales que se mantienen durante décadas. Entre los casos más emblemáticos se mencionan a Armando Cavalieri (Comercio), Hugo Moyano (Camioneros) y Luis Barrionuevo (Gastronómicos), todos con extensas permanencias al frente de sus organizaciones.

Un modelo sindical singular frente al mundo

Argentina conserva un esquema de sindicato único por actividad y aportes obligatorios incluso para quienes no están afiliados. En contraste, países europeos se basan en contribuciones voluntarias; Estados Unidos prohibió en 2018 los cobros compulsivos a no afiliados; y Brasil eliminó el impuesto sindical obligatorio en 2017.

La combinación argentina —alta cobertura, competencia interna casi inexistente y financiamiento compulsivo— sitúa al país en el extremo más rígido del mapa comparado.

Crece el rechazo social y el pedido de reformas

El clima social también aparece reflejado en los datos. De acuerdo con el Monitor de Opinión Pública de Zentrix, el 64% de los argentinos tiene una valoración negativa de los sindicatos, mientras que solo el 15,2% mantiene una percepción favorable.

Además, un 67,5% está a favor de transformar los aportes obligatorios en voluntarios, y más del 82% no rechaza directamente la eliminación del sistema actual. Para la mayoría, los descuentos funcionan como un impuesto al trabajo sin control claro ni justificación transparente.

Con este panorama, el Gobierno busca avanzar con cambios que apunten a un régimen basado en la decisión individual del trabajador y en mayores exigencias de transparencia, una discusión que promete ocupar un lugar central en el debate legislativo de las próximas semanas.

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