El Gobierno nacional busca llevar la reforma de “modernización laboral” al recinto del Senado en la segunda semana de febrero. Aunque el texto está pensado para el empleo privado, en ATE advierten que algunas modificaciones podrían repercutir en áreas del Estado donde rige total o parcialmente la Ley de Contrato de Trabajo, como PAMI, ANSES, DGI, Aduana, hospitales nacionales y ciertas empresas públicas.

En ese clima, los gremios estatales sumaron tensión a la discusión paritaria: mientras UPCN avaló el aumento del 2% para el SINEP y una suma fija de $50.000 correspondiente a diciembre, ATE lo rechazó y convocó a una reunión con sindicatos del sector público y empresas estatales para definir acciones. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, anticipó que buscarán movilizarse antes del tratamiento legislativo y reclamó que el proyecto “se caiga completo”.

El punto que más alarma genera en los sindicatos es la regulación del derecho a huelga en “servicios esenciales” y “actividades de importancia trascendental”. La iniciativa fija que, en sectores críticos como salud, energía, telecomunicaciones o control aeronáutico, ante una medida de fuerza debería sostenerse el 75% del funcionamiento; y en rubros estratégicos como educación, transporte, logística, bancos o justicia, una prestación mínima del 50%.

Otro foco de conflicto es el cambio en el esquema de aportes sindicales: el proyecto elimina descuentos automáticos y plantea que el empleador retenga la cuota sindical solo con consentimiento explícito del trabajador, además de no obligar el descuento de la “cuota solidaria” por convenio. ATE sostiene que, si esa lógica se traslada a ámbitos estatales regidos por la LCT, afectaría el financiamiento y el funcionamiento de los gremios.

Por último, los estatales miran con desconfianza dos herramientas del texto: el “salario dinámico”, que permitiría ajustes atados a productividad, metas u objetivos, y el fin de la “ultraactividad” de los convenios, que podría hacer caer beneficios extras si no se renuevan a tiempo. En el Gobierno, en cambio, insisten en que la reforma no está dirigida a empleados públicos y remarcan tres metas: reducir litigios laborales, impulsar empleo registrado y actualizar convenios antiguos, pero la disputa con ATE ya quedó instalada y promete escalar a medida que se acerque la votación.