La reforma laboral promovida por la administración de Javier Milei sigue generando debate en todo el país. Mientras el Ejecutivo defiende la necesidad de modernizar el sistema de trabajo argentino, las organizaciones sindicales y varios sectores de la oposición denuncian un intento por debilitar derechos conquistados.
Uno de los puntos centrales de la propuesta incluye modificaciones al régimen de vacaciones y una nueva clasificación de los servicios esenciales, con implicancias directas sobre el derecho a huelga. A esto se suman propuestas vinculadas al sistema de indemnizaciones, contratación y negociación salarial.
Cambios propuestos en las vacaciones laborales
El paquete de reformas presentado por el oficialismo contempla transformaciones en la manera en que los trabajadores acceden a sus períodos de descanso. A continuación, los principales cambios:
- El empleador podrá otorgar las vacaciones en cualquier momento del año, extendiéndose el plazo hasta el 30 de abril del año siguiente al que corresponde.
- Se permite la fragmentación de las vacaciones, aunque no se podrán dividir en períodos inferiores a una semana.
- El aviso al trabajador deberá realizarse con 21 días de antelación, garantizando previsibilidad en la organización del descanso.
- El trabajador podrá gozar de sus vacaciones en verano una vez cada dos años, a menos que elija otra fecha por acuerdo personal.
- En casos de matrimonios que trabajen en el mismo establecimiento, el empleador deberá procurar que coincidan sus períodos de vacaciones.
Servicios esenciales: nuevas restricciones al derecho a huelga
El Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025 introdujo una fuerte modificación en cuanto a la prestación de servicios durante conflictos gremiales. La norma establece que determinadas actividades deberán garantizar un mínimo de operación incluso durante huelgas, aunque actualmente parte de este decreto fue suspendido judicialmente tras una presentación de la CGT.Las actividades catalogadas como servicios esenciales deben garantizar un funcionamiento mínimo del 75%, mientras que las consideradas de importancia trascendental, un 50%. Estos son los sectores alcanzados por la normativa:
- Servicios de salud y hospitales, incluyendo la distribución de medicamentos, insumos médicos y farmacias.
- Producción, transporte y comercialización de agua, gas, combustibles y energía eléctrica, con lo cual se abarca toda la cadena de la industria energética.
- Telecomunicaciones, internet y servicios de comunicación satelital, lo que incluye a las plataformas informáticas y servicios digitales.
- Transporte aéreo, control de tráfico aéreo y servicios portuarios, como balizamiento, dragado y remolque de buques.
- Servicios aduaneros, migratorios y vinculados al comercio exterior.
- Educación en niveles inicial, primario y secundario, incluyendo educación especial y cuidado de menores, tanto en instituciones estatales como privadas.
- Transporte marítimo y fluvial de personas o carga, así como las operaciones costa afuera.
Contexto y próximos pasos
Con un 42% de trabajadores en la informalidad según el INDEC, el Gobierno considera que es urgente modificar leyes que, a su juicio, entorpecen el empleo formal. Además del debate sobre vacaciones y huelgas, la reforma incluye el fondo de cese laboral, que apunta a reemplazar el sistema tradicional de indemnizaciones, y una posible revisión de los convenios colectivos.A pesar de las resistencias judiciales y gremiales, el oficialismo sostiene que la reforma es necesaria para que el país se alinee con modelos internacionales más flexibles, como los de Alemania o Chile. Por ahora, el proyecto se discute en el Congreso, mientras algunos artículos clave se encuentran judicialmente frenados.
Compartinos tu opinión