Es ante la incertidumbre que generaron las distintas medidas adoptadas desde una gestión en retiro, y que ya ha registrado un desmanejo importante en la administración del gasto de personal, lo que se tradujo en complicaciones para pagar salarios a finales de los últimos dos ejercicios. Ante el aumento de la planta y del gasto político con el último incremento aprobado, los empleados de planta permanente reclaman una aclaración oficial del estado de situación financiera. El gremio legislativo de APEL, cómplice de estos manejos, totalmente ausente.

La nota fue presentada y suscripta por los trabajadores de la planta permanente del Concejo Deliberante Río Grande, y está dirigida a la presidenta, Miriam Boyadjián, y al cuerpo de concejales.

Los empleados manifiesta en ella la “profunda preocupación en referencia a la situación financiera por la que atraviesa nuestra institución legislativa según declaraciones periodísticas efectuadas por el secretario de Finanzas de la Municipalidad”, en relación a que ya se giró el 70% del presupuesto de gastos en personal al cuerpo deliberativo, “y visto que desde el 2013 el personal de planta permanente se vio afectado por el no pago en tiempo  forma de nuestros salarios en el mes de diciembre, viéndonos involucrados en cuestiones políticas presupuestarias de la cual no somos responsables”, aseguran.

La nota expresa asimismo que “el personal de planta permanente es el responsable de la continuidad institucional del Concejo Deliberante garantizando la calidad, la continuidad y las transiciones” y que “es indispensable que se garantice el pago de los salarios de los empleados de planta permanente” en razón de ello solicitan “se arbitren los medios necesarios a los efectos de dar a conocer las proyecciones presupuestarias en lo que respecta al gasto en personal del Concejo, o aclare la situación financiera presupuestaria a fin de traer tranquilidad a las familias que conformamos esta institución”.

La nota aguarda un sinceramiento desde la Presidencia del cuerpo respecto del endeble estado financiero de una institución que ya abarca a 184 empleados, entre planta política y una planta permanente inflada por esta gestión, agudizado esto a partir del aumento que se otorgó del 35% a los asesores de bloque mediante un decreto del 2003 cuya aplicación estaba suspendida en razón del desequilibrio financiero que podía acarrear.