El final de TelFu ya tiene sello formal: el 30 de diciembre se firmó el cierre en el Ministerio de Trabajo, tras meses de suspensiones y sin margen para volver a poner en marcha la producción. La decisión dejó a 50 trabajadores fuera de la planta y reavivó la preocupación por el momento que atraviesa la industria electrónica en Río Grande.

El dirigente Linares explicó que la empresa había intentado regresar al ruedo después de años de inactividad. La planta, que permanecía cerrada desde 2018, reanudó tareas entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, pero el nuevo ciclo duró poco: apenas tres meses después de retomar el ensamblado de celulares, el proyecto volvió a frenarse.

Según detalló, la reapertura incluyó un trabajo previo importante: se readecuaron líneas productivas, se incorporó equipamiento y se convocó nuevamente personal, incluso trabajadores efectivos que ya habían integrado la firma antes del cierre original. Para abril de 2025, la producción arrancó con unos 50 operarios, de los cuales nueve eran efectivos y el resto contratados.

Sin embargo, el escenario cambió con una medida nacional que, de acuerdo a la UOM, golpeó de lleno a la iniciativa. En mayo, se anunció la baja de aranceles a la importación de celulares, y ese giro —según Linares— afectó la viabilidad del esquema productivo. Tras ese impacto, la empresa entró en un período de suspensiones que se extendió hasta diciembre.

A la falta de continuidad se sumaron problemas para sostener el acuerdo comercial: la firma informó que no logró cerrar entendimientos con la marca china vinculada al emprendimiento, ni captar inversores interesados en adquirir el paquete accionario. Con ese cuadro, comunicó que no existían condiciones para seguir.

En cuanto a las desvinculaciones, Linares señaló que, en la negociación de salida, se consiguió una compensación mayor a la prevista por ley para el personal efectivo. Y sobre los contratados, precisó que habían ingresado inicialmente por tres meses y que, durante las suspensiones, cobraron un adicional extraordinario bajo el compromiso de ser efectivizados si la producción se consolidaba, algo que finalmente no ocurrió. “Más allá de cualquier monto indemnizatorio, la cuestión de fondo es la pérdida de los puestos de trabajo”, remarcó.

El referente sindical enmarcó el caso dentro de una crisis más amplia del sector fueguino y aseguró que, hacia fines del año pasado, se produjo la caída de más de mil puestos de trabajo en Río Grande, entre finalización de contratos y recortes en distintas plantas.

En paralelo, advirtió por el presente de Aires del Sur, donde —según indicó— hay asambleas permanentes y gestiones sindicales en curso. La empresa estaría atravesando dificultades financieras y habría realizado presentaciones judiciales vinculadas a su continuidad, mientras la UOM mantiene reuniones con los trabajadores y participa de audiencias para evaluar el escenario y definir próximos pasos.

Para Linares, el trasfondo se vincula a un contexto nacional que describió como “absolutamente complejo”, atravesado por la apertura de importaciones, la caída del poder adquisitivo y la retracción del consumo. En esa combinación, sostuvo, la industria electrónica fueguina —históricamente apuntalada por el régimen de promoción— queda particularmente expuesta.

Con TelFu ya cerrado y con el foco puesto en otras plantas en situación delicada, el gremio insiste en que el sector vive uno de sus momentos más difíciles de los últimos años, con producción en baja, pérdida de empleo y sin señales claras de recuperación en el corto plazo.