La Asociación Bancaria convocó a una medida de fuerza nacional para el próximo miércoles 13 de mayo en las sucursales del Banco Central y del Banco Hipotecario. El paro se realizará durante las últimas tres horas de atención al público, en rechazo al cierre de dependencias, recortes de personal y medidas de ajuste denunciadas por el gremio.
El sindicato que conduce Sergio Palazzo cuestionó decisiones que considera “arbitrarias e inaceptables” y sostuvo que ambas entidades avanzan con modificaciones estructurales sin atender los reclamos de los trabajadores. Desde La Bancaria advirtieron que el conflicto podría profundizarse si no hay respuestas concretas en los próximos días.
Uno de los principales focos del reclamo está puesto en el Banco Central, donde el gremio denuncia el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales distribuidas en el país. Según la organización sindical, esa decisión podría afectar 32 puestos laborales y además debilitar funciones operativas consideradas clave para las economías del interior.
En el caso del Banco Hipotecario, La Bancaria apuntó contra un proceso de achique que incluiría cierres de sucursales y despidos injustificados. El sindicato sostuvo que estas medidas no solo impactan sobre el empleo, sino también sobre la calidad de atención al público, especialmente en localidades donde la presencia bancaria resulta fundamental.
El gremio también viene siguiendo con preocupación la situación del Banco Santander, luego de que la entidad confirmara meses atrás el cierre de más de 40 puntos de atención en todo el país. Según La Bancaria, ese proceso podría afectar a más de 500 personas entre trabajadores propios y tercerizados, en un escenario marcado por el avance de la digitalización y la reducción de la atención presencial.
Desde el sector sindical afirman que las entidades financieras utilizan la expansión de las aplicaciones móviles, el home banking y las billeteras virtuales como argumento para reducir estructuras. Sin embargo, La Bancaria interpreta estas decisiones como parte de una política de rentabilidad que pone en riesgo puestos de trabajo y servicios bancarios en distintas comunidades del país.
Por ahora, el gremio mantiene el estado de alerta y no descarta nuevas medidas si no se revisan los cierres y las desvinculaciones. “No vamos a permitir que se consoliden estas políticas de ajuste”, advirtieron desde la conducción sindical.
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