Aunque la reforma laboral dispuso la eliminación de varios estatutos profesionales, los cambios no tendrán aplicación inmediata. De acuerdo con lo establecido en la nueva normativa, los regímenes especiales continuarán en vigor hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que las empresas estarán obligadas a respetar durante todo ese período las condiciones laborales, indemnizaciones y beneficios actualmente reconocidos.

La medida alcanza a actividades como periodismo, viajantes de comercio, peluqueros, choferes y también al régimen de teletrabajo. Esto significa que, hasta fin de 2026, los empleadores no podrán desconocer derechos adquiridos ni modificar de manera unilateral las reglas que hoy protegen a esos trabajadores. Recién a partir del 1 de enero de 2027, esos sectores pasarán a quedar comprendidos dentro de la Ley de Contrato de Trabajo, salvo que antes se dicten nuevas normas o convenios que contemplen sus particularidades.

Especialistas en Derecho Laboral remarcaron que la propia ley fija de manera expresa esa fecha de entrada en vigencia para la derogación, lo que brinda un marco de continuidad temporal. En la práctica, esto implica que si un trabajador es despedido antes de terminar 2026, le corresponderán las indemnizaciones y resguardos previstos en el estatuto que aún lo ampara. También señalaron que los convenios colectivos seguirán operativos hasta que sean reemplazados por otros acuerdos.

Uno de los casos que más inquietud genera es el del Estatuto del Periodista Profesional, una norma histórica que contempla una protección superior a la del régimen general en aspectos como estabilidad, jornada laboral, libertad de conciencia e indemnización. Desde distintos sectores advirtieron que su futura derogación podría debilitar garantías centrales para el ejercicio independiente del periodismo y afectar, de manera indirecta, la libertad de expresión.

Otro punto sensible es el teletrabajo. La ley actual seguirá vigente hasta fines del próximo año, por lo que continuará rigiendo el derecho a la desconexión y otras pautas específicas de esa modalidad. Sin embargo, desde enero de 2027, si no se aprueba una regulación alternativa, quienes trabajen a distancia quedarán sujetos al esquema general. En paralelo, la discusión ya empezó a trasladarse al terreno judicial, donde distintos planteos buscan frenar una eventual pérdida de derechos laborales.