La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó una acción de amparo ante la Justicia para que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de artículos clave de la Ley de Modernización Laboral, al sostener que la norma impulsa el cierre de la Justicia Nacional del Trabajo y vulnera derechos constitucionales de los trabajadores.

En la presentación judicial, la central sindical solicitó además una medida cautelar para suspender la aplicación de los artículos 90 y 91 de la ley 27.802 y del convenio de transferencia de competencias laborales a la Ciudad de Buenos Aires. Fuentes que trabajaron en la letra chica del texto indicaron que la demanda fue presentada en el Fuero Contencioso Administrativo y recayó en el juzgado a cargo de Enrique Lavié Pico.

Según el escrito, la demanda se dirige contra el Estado nacional y busca que la Justicia declare “la nulidad e invalidez constitucional de los arts. 90 y 91 de la Ley 27.802 (…) así como del Convenio de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ámbito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Argumentos de inconstitucionalidad

La central obrera planteó, además, múltiples objeciones al proceso legislativo que culminó con la aprobación de la reforma. Entre otras cuestiones, señaló que la ley fue tratada en sesiones extraordinarias sin que el Poder Ejecutivo justificara la urgencia exigida por la Constitución.

En ese sentido, el escrito afirma que “se ha omitido con claridad un recaudo previsto en el art. 99 inciso 9 de la Constitución Nacional”, que exige invocar un grave interés de orden o progreso para convocar al Congreso fuera del período ordinario.

También cuestionó que el proyecto enviado al Congreso no incluía originalmente el acuerdo de transferencia de la Justicia laboral, que fue incorporado posteriormente.

El pedido de "inconstitucionalidad" ante la Justicia

Con estos argumentos, la central sindical solicitó que se declare la inconstitucionalidad de las normas cuestionadas y que se suspenda su aplicación.

Según la presentación, la reforma podría afectar no sólo a trabajadores con juicios laborales en trámite o por iniciar, sino también a empleados y funcionarios del propio Poder Judicial que se desempeñan en el fuero laboral.