\"Tuvimos un dictamen previo bastante favorable del fiscal Fappiano, él pidió una medida de prueba, pero esa medida de prueba que es la única que queda todavía está demorada y tiene que contestar el ANSeS. Así que me imagino que vamos a pedir que se impulse nuevamente el expediente, porque eso se va a demorar y entendemos que se tiene que resolver antes que se cumpla el plazo de los dos años. Porque en caso de prorrogarse se va a declarar abstracta y entendemos y creemos que el Poder Judicial, o al menos el Superior Tribunal de Justicia, tiene que decirle a la sociedad si ese paquete de leyes es inconstitucional o no\", dijo el secretario Adjunto del SEJUP Rafael Ponce, refiriéndose a la presentación que hicieron en su momento, para que se declare la inconstitucionalidad de las leyes votadas los días 8 y 9 de enero de 2016.

Reconoció que la causa es, de las presentadas por este mismo tema, una de las más avanzadas; pero advirtió que necesitan \"que esto se resuelva, porque es una cuestión que tiene que ver si se quiere con la historia de lo que va a pasando en la provincia y porque necesitamos que el Poder Judicial cumpla con su rol, que es ser garante de la Constitución y debe decir si esto estaba bien o mal\".

Consultado sobre la demora del ANSeS para presentar las pruebas requeridas, y una posible intencionalidad, respondió que \"seguramente es así, porque la cabeza de estos entes está manejada políticamente y no pasa para nada desapercibido que sobre todo el Gobierno nacional es el que impone este tipo de ajustes y no va a ser él quien ayude a que el Poder Judicial dictamine en contra en algún momento\".

Por ese motivo dijo que hablarán con el Dr. Luis Ausburguer, abogado que representa al SEJUP, \"y seguramente presentaremos algún pedido de reiteración o de impulso, para que se termine con esta prueba y que tengamos el dictamen final del fiscal, para que se pueda resolver antes de diciembre, que sería lo ideal\".

Dijo que para que se logre celeridad \"la lesión al tejido social es el argumento fundamental, porque no solamente pasa por lo estatal. Pensar que cada empleado estatal que sufrió este ajuste, esta quita de derechos; que cada persona con discapacidad, no está insertada en la sociedad; es el discurso que se quiso imponer. Por eso no es un problema de los estatales solamente, porque afecta al tejido social en el cual estamos insertos\", remató.