El secretario general del SUTEF, Horacio Catena, inició una demanda contra el Estado fueguino para reclamar $659.500.000, más intereses y costas, por los perjuicios que atribuye a su exoneración. La presentación se realizó el 11 de junio de 2026, con el patrocinio del abogado Néstor Ignacio Sánchez Otharán, y comprende el período entre noviembre de 2017 y marzo de 2025.
El reclamo incluye $339,5 millones por remuneraciones vinculadas con su licencia gremial, $150 millones por daño moral, $100 millones por perjuicios previsionales, $50 millones por oportunidades de ascenso perdidas y $20 millones por afectación de su proyecto de vida. Son montos solicitados por el dirigente y no una indemnización reconocida por la Justicia.
La demanda se apoya en la anulación del Decreto 3004/2015, firmado por la entonces gobernadora Fabiana Ríos. En diciembre de 2022, la Justicia laboral invalidó la exoneración por vulneraciones al derecho de defensa y al debido proceso. La Cámara de Apelaciones confirmó esa resolución en agosto de 2024 y el Superior Tribunal declaró inadmisible la casación provincial. Según la documentación presentada, la admisibilidad de un recurso extraordinario federal figuraba pendiente.
La sanción administrativa estuvo vinculada con los acontecimientos de la toma de Casa de Gobierno de mayo de 2013, por los cuales Catena recibió una condena de dos años de prisión en suspenso, firme desde 2018. La Provincia también había obtenido autorización judicial para levantar su tutela sindical. La nulidad de la exoneración respondió a irregularidades administrativas y no dejó sin efecto la condena penal.
En marzo de 2025, el Gobierno dispuso su reincorporación transitoria mediante el Decreto 829/2025, sin resolver favorablemente sus pedidos económicos, previsionales y profesionales. Ahora, la Justicia deberá determinar si corresponde una reparación, cuáles de los daños alegados pueden acreditarse y qué responsabilidad patrimonial le cabe a la Provincia.
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