La discusión sobre la salida de YPF de la provincia quedó atravesada por problemas técnicos y un clima político tenso. La reunión de comisiones de la Legislatura, que debía servir para despejar dudas, terminó condicionada por una exposición virtual con serias fallas de conexión desde Buenos Aires, lo que obligó incluso a limitar el uso de dispositivos en la sala para sostener, de manera intermitente, el diálogo con la empresa.

Más allá de la accidentada modalidad, el dato central que emergió fue el peso económico de la retirada. Según se expuso, las operaciones locales de la petrolera nacional registran pérdidas cercanas a los 80 millones de dólares por año, un desbalance que no es nuevo y que se viene profundizando de manera sostenida desde 2018.

Los detalles fueron presentados por Gabriela Castillo, ministra de Obras Públicas y futura directora de Terra Ignis Energía S.A., quien será una de las encargadas de conducir la nueva etapa. Su exposición concentró la atención del encuentro, en parte por la ausencia de otros representantes técnicos o gerenciales vinculados al proceso de traspaso, una situación que generó incomodidad entre los legisladores.

En cuanto al estado de los yacimientos, el panorama descripto fue poco alentador. Actualmente se mantienen en actividad 273 pozos, mientras que otros 330 se encuentran en evaluación para su cierre o ya figuran en listas de abandono. Se trata de áreas maduras, con costos operativos crecientes y una producción que continúa en retroceso.

Frente a este escenario, el Ejecutivo provincial plantea un reordenamiento administrativo con la intención de reducir el déficit a la mitad. La meta es llevar el gasto mensual a unos 3 millones de dólares, aunque se reconoció que el impacto positivo en las cuentas públicas sería limitado y, en el mejor de los casos, apenas representaría una mejora cercana al 10%.

El cronograma oficial apunta a marzo como el primer mes en el que podrían verse resultados, siempre y cuando la producción no siga cayendo. Mientras tanto, la preocupación se traslada al plano social: alrededor de 500 familias dependen de esta actividad, con salarios que superan los 5 millones de pesos mensuales. Ese dato explica la urgencia política por avanzar con el traspaso, aun cuando la estructura que se recibe muestra hoy un fuerte desequilibrio financiero.