El presidente de AFARTE Federico Hellemeyer fue consultado ayer por FM del Pueblo sobre la decisión de la UOM Río Grande de no firmar la homologación del acuerdo suscripto con AFARTE. Indicó que los rumores habían iniciado “el día anterior”, a pocas horas de la homologación en el Ministerio de Trabajo del acuerdo firmado el 13 de noviembre.

“El lunes a la noche empezaron los rumores sobre la reconsideración de la UOM y realmente nos sorprende y nos preocupa esta situación, porque nada ha cambiado desde la fecha en que se firmó el acuerdo con la UOM de Río Grande y Ushuaia, en presencia de la UOM nacional, que después suscribió el convenio marco con el gobierno nacional y el gobierno provincial”, dijo.

“Nos sorprende y nos deja boquiabiertos esta situación, y no entendemos la raíz para cambiar esto, porque nada cambió en la situación de los productos electrónicos desde la firma hasta esta fecha”, afirmó.

“No hubo despidos y no cambió absolutamente nada. En un momento dado algunos medios informaron inexactamente que se habían liberado las importaciones, pero eso no es así. En la misma semana en que se materializó la resolución sobre los impuestos internos, salió una resolución de la Secretaría de Comercio que le quita las licencias no automáticas a los productos electrónicos, pero esto es algo que el gobierno nacional está haciendo con todas las posiciones arancelarias del nomenclador común, y es una decisión política del oficialismo que no quiere mantener las trabas burocráticas. Pero la situación arancelaria de los productos importados sigue siendo la misma y, por lo tanto, las ecuaciones de competencia frente a lo importado son las mismas, no ha cambiado nada. Nos sorprende que se diga que ha habido algún tipo de cambio”, argumentó.

Aclaró que este acuerdo de UOM con AFARTE “no incluye a la provincia, que tiene compromisos en el otro acuerdo, el que firmó con Nación, donde la provincia hizo dos resignaciones en términos del fisco provincial, que tienen que ver con mantener la reducción de la tasa de verificación de procesos productivos e incluso incrementar esa reducción en 2019; y otra que tiene que ver con el fondo de sostenimiento del servicio social. Esto tampoco se incumplió y, a partir de la firma del acuerdo, nosotros hemos hecho una especie de tablero de control con todas las líneas de compromiso de acción de cada una de las partes, las que tienen que ver con nosotros, con el Estado nacional y el provincial, y todas están lanzadas. No hay nada que se haya retirado como compromiso. Algunas cosas toman más tiempo y otras son más inmediatas. Por ejemplo, los cambios en impuestos internos respecto de la reforma inicial que proponía el gobierno, ya están en el paquete impositivo remitido al Congreso y se materializaron por decreto. Todo lo demás, como la lucha contra el contrabando, es de público conocimiento que está por salir una medida que va a contribuir mucho, porque implica un control tecnológico muy importante. Todo está en ejecución y nada cambió desde el 13 de noviembre”, reiteró.

Congelamiento sí o sí

Hellemeyer consideró “una formalidad” la homologación, deslizando que el acuerdo que congela los salarios sería igualmente válido. “El congelamiento entra en vigencia después de que vence la paritaria actual, el 30 de junio de 2018. El congelamiento o la suspensión de las negociaciones paritarias, entra en vigencia desde esa fecha, pero todo está en discusión desde este momento. En este escenario, los primeros perjudicados son los trabajadores, que pierden el compromiso de paz social”, advirtió.

“Me cuesta entender cómo hay un replanteo sobre esta cuestión, sobre todo en un escenario en el cual a nadie le gusta resignar algo como lo que resignaron los trabajadores. Estaba claro que nos habíamos puesto de acuerdo en que, si no poníamos algo todos, no íbamos a sacar a flote la situación y no se iban a poder mantener los puestos de trabajo y el nivel de actividad”, recordó.

“Había una cierta coyuntura histórica y arrancábamos un camino de un enorme desafío. Este me parece un paso atrás tremendo”, cuestionó el empresario.

“Por otro lado, la homologación en el Ministerio de Trabajo es simplemente un trámite administrativo, una formalidad”, aseveró, dejando la incógnita sobre la posibilidad de que AFARTE intente hacerlo valer.

Por Radio Provincia, volvió a señalar que la homologación es “un trámite administrativo”, posterior a la firma del acuerdo, y es “una formalidad y un control que hace el Ministerio. En general se cita a homologar unos días después del acuerdo”, observó, si bien en este caso transcurrieron casi dos semanas.

Expuso su preocupación por esta decisión que condicionaría la posibilidad de bajar los precios de los productos. “Lo que nos tiene que preocupar es que nosotros no logremos llegar más barato al consumidor. Hay que lograr bajar costos aduaneros, resignar rentabilidad de las empresas, bajar la incidencia del fisco local en la estructura de costos y bajar lamentablemente el costo laboral, con el esfuerzo que significa para los trabajadores. Para eso fue el acuerdo con la UOM”, enfatizó.

“Si no logramos esto, no vamos a tener productos más baratos, y si no tenemos productos más baratos eso es lo que nos va a quitar del mercado”, disparó.

Insistió en que “el primer perjudicado es el propio trabajador, porque hoy tenemos casi diez mil puestos de trabajo dentro de la industria electrónica, y a partir del acuerdo firmado con la UOM esos puestos de trabajo tienen una garantía, una cláusula de paz social y un compromiso de mantenerlos. Si el acuerdo cae, cae ese compromiso”, sentenció, abriendo la posibilidad a las empresas de proceder con despidos, al quedar eximidas de la obligación.