El ministro de Gobierno José Luis Álvarez adelantó ayer a FM Del Sur la decisión de rescindir el contrato de comodato con la asociación civil La Mateada, responsable del centro cultural ubicado en margen sur, donde se desató una gresca el fin de semana.

Las imágenes se viralizaron y se ve a varias personas golpeándose, tirándose botellas y sillas, aunque no hubo heridos de gravedad.

“Nos preocupa la situación de violencia que se vivió en un espacio público. Como gobierno cedimos en comodato un espacio público y nadie se hace responsable de controlar que los espacios se utilicen para lo que son”, cuestionó.

El espacio había sido cedido a la asociación que nació a instancias del partido Nuevo Encuentro, que lideran Osvaldo López y Javier Calisaya, hoy funcionario municipal. Calisaya sin embargo se desvinculó de la actual comisión directiva y atribuyó a motivaciones políticas la información brindada por el gobierno en los canales públicos. “No es cierto que el señor Calisaya esté desconectado de la conducción de ese espacio cultural porque sigue siendo asociado, y sigue perteneciendo al funcionamiento de esa organización. Por lo menos debería asumir cierto grado de responsabilidad y razonabilidad, y acompañar a la gente que está ahí para orientarlos en cómo dirigir este espacio”, manifestó Álvarez.

Devolviendo el local

Lo cierto es que esta gresca va a derivar en la quita del local a la organización: “Como autoridad pública me preocupa ver la situación del inmueble, porque no es la primera vez que tuvimos inconvenientes. Hace unos meses atrás se encontró en un procedimiento policial a menores bebiendo alcohol en ese mismo espacio. Evidentemente hay un descontrol total y una falta de aplicación de los fines para los que fue otorgado ese espacio, que de cultural tiene poco, entre alcohol entre menores y violencia entre personas”, fustigó.

“Vamos a hacer una inspección del inmueble, recabar la información de los que están a cargo, ver si el contrato está o no vigente, y buscaremos la manera de que el estado provincial recupere ese inmueble, que es un espacio público”, adelantó.

Respecto de la personería jurídica de La Mateada, aclaró que “tiene que ver con normas que se deben cumplir y esto no está en tela de juicio. Un hecho de este tipo no es la razón por la cual se extingue una persona jurídica, pero pagarán las multas correspondientes, así como habrán pagado las multas cuando tuvieron menores bebiendo en ese lugar”, aseguró.

“Hay que ver los daños que se puedan haber generado al inmueble, que es de propiedad del estado provincial. En caso de que entreguen el local, veremos el resarcimiento”, dijo, con lo cual la ONG quedaría sin espacio para funcionar y con una deuda con el estado.

“Nosotros no estamos pensando en quitarle la personería, porque no corresponde, pero sí vamos a revisar la situación del inmueble. No puede ser que sea un foco de violencia cuando estamos hablando de pacificar. Debería ser un espacio de encuentro para los vecinos y no para grescas”, remarcó el ministro.

Ayer estaba prevista una inspección de la Inspección General de Justicia, acompañada por la policía “en caso de que pudiera haber inconvenientes”, a fin de verificar la situación.

Dado que Calisaya acusó al gobierno de una operación política al relacionarlo con los hechos, e incluso vincular al intendente por su alianza política con Nuevo Encuentro, el funcionario negó tales intenciones: “Todos vieron las imágenes de un hecho en un espacio público, porque fue viralizado. No tiene nada que ver con una operación política poner en conocimiento una situación que se ha viralizado en las redes sociales. Las redes marcan la agenda hoy e incluso exceden a los propios medios oficiales. El canal 13 simplemente dio cuenta de un hecho que se había viralizado”, sostuvo.

“Todo pareciera que tiene que ver con tintes políticos, pero descarto totalmente esto y el canal lo que hace es levantar un hecho periodístico. El hecho existió y eso es indiscutible, y a mí como autoridad de la IGJ lo que me preocupa es recuperar ese inmueble para que la sociedad lo utilice y para que sea realmente un espacio cultural. Después, las interpretaciones políticas que hagan para desviar la atención del hecho, me exceden”, disparó.

“Es la segunda vez donde hay hechos de violencia, antes fue con menores y alcohol, y tenemos que hacer algo con esto. No todo es una puja política en la vida. En este caso hay un lugar que no está siendo manejado adecuadamente y en cualquier momento vamos a tener una desgracia”, enfatizó.

Recordó que “el comodato es un préstamo de uso y, en virtud de los antecedentes y este hecho actual, veremos si se rescinde ese contrato o no. Yo, dado los antecedentes, tengo clara intención de rescindirlo”.

En cuanto a los talleres culturales, no ve inconveniente para que sigan funcionando bajo otra administración. “Hay muchos modos de realizar actividades culturales, talleres con un pequeño arancel, y no usarlo para fiestas donde se vende alcohol. Me parece que hay una irresponsabilidad absoluta en el manejo. Se toma muy livianamente lo que sucedió, porque pudo haber muerto alguien o salir herido de gravedad. Decir que esto es una cuestión política, es tapar el sol con un dedo”, finalizó el ministro.