Ayer los funcionarios de la Secretaría de Seguridad volvieron a concurrir a la comisión de presupuesto, y hubo nuevos cruces con los legisladores del MPF y el radical Pablo Blanco, por falta de claridad en la exposición y también falta de documentación básica que se había solicitado, como la ejecución presupuestaria del año en curso, sin los errores reconocidos en la presentación anterior.

Villegas cuestionó la falta de información y sostuvo que se han “cansado de pedir informes que no han contestado”, a lo que Urquiza apuntó que, respecto de las compras secretas, el pasado viernes presentaron una nota al Tribunal de Cuentas pidiendo los expedientes.

“Hablamos de compras secretas pero nosotros nunca escondimos nada”, dijo el secretario Ezequiel Murray. “Simplemente nos equivocamos en la terminología que usamos, y siempre hablamos de un expediente”.

Cuando le pidieron la ejecución presupuestaria del 2017, respondieron que fue entregada “el otro día”, pero el legislador Blanco observó que “esa documentación es la que está mal, porque figura un crédito de 5 millones y un devengado de 38”, les recordó, sin la información corregida todavía.

También les pidió detalles sobre el subsidio a los bomberos voluntarios y la deuda pendiente, remarcando que “el subsidio ingresa mensualmente”.

Desde la Secretaría explicaron que la deuda con bomberos se había determinado “en 42 millones”, y que la intención es que “a partir de octubre se devengue mes a mes. Ese dinero se va a pagar con movimientos financieros como deuda vieja y luego mes a mes, rendición a rendición”.

Urquiza preguntó cómo se pagará la deuda de 42 millones, y la respuesta fue que se determinará “con la federación de bomberos”, en base a las prioridades, y no habrá giro de fondos sino inversiones “en construcción, capacitación y equipamiento. De acuerdo a esas prioridades, vamos a ir gastando ese dinero. Son prioridades no de pago, sino de inversiones, junto con nosotros”, dijeron los funcionarios, resaltando que “la federación la componen todas las asociaciones”, por lo que tendría facultades de decidir cómo distribuir los fondos.

“No es la misma estructura la que necesitan los bomberos de Río Grande, que están bastante bien, que los de Ushuaia, pero si compramos equipamiento, lo vamos a comprar para todos”, se comprometieron.

La legisladora Urquiza les recordó que la ley que establece la afectación específica, también fija porcentajes para cada cuartel. “También podríamos establecer las prioridades de acuerdo a los porcentajes”, barajaron entonces.

En ese punto el legislador Blanco les pidió “un poco de claridad, si es posible”, y les preguntó si la plata de la deuda está en la cuenta de bomberos. La respuesta fue afirmativa, a lo que Blanco preguntó por qué no pagan entonces. “¿Cómo les vamos a pagar tanto?”, fue la reacción de los funcionarios, que recordaron pagos superiores a los 20 millones este año, aunque sea deuda vieja.

El legislador Blanco reformuló una pregunta, ya planteada en la reunión anterior, que es “cuánto recaudaron y cuánto pagaron. Queremos saber qué se hizo con la plata, porque seguramente con la plata de bomberos pagaron deuda vieja”, dijo, pero no hubo respuesta clara y el funcionario estimó el último pago que se hizo canceló deuda de diciembre de 2015.

El legislador Löffler, ante la falta de documentación respaldatoria, pidió “que envíen los movimientos bancarios de la cuenta de bomberos desde que comenzaron con la gestión”, y Blanco apuntó que “eso fue lo que pidieron en la reunión anterior”, todavía sin respuesta.

Los funcionarios recordaron que cuando asumió Bertone, “había 14 meses impagos y lo estamos queriendo solucionar, pero ¿cómo hacemos para inyectar tanto dinero? Por eso nos sentamos con la federación y establecimos el paquete, con el que vamos a construir, a capacitar, y a comprar camiones”.

De 17 a 24 millones

El legislador Damián Löffler, luego de la tensa reunión con el área de Seguridad, cuestionó las compras secretas que, hasta ayer, habían sido por 17 millones, pero en la reunión el monto se elevó a más de 24 millones.

Murray había manifestado que “no existen gastos que no tengan control” y, además del expediente de compras secretas por 17 millones de pesos, amparado “en la ley 1.015, artículo 18 inciso h”, dio a conocer dos más: “Está la documentación enviada para su publicación en Boletín Oficial de tres expedientes, uno de 17 millones, otro de un millón cuatrocientos mil y otro de cinco millones quinientos mil pesos, y todos fueron auditados por el Tribunal de Cuentas”, dijo.

El legislador Pablo Villegas cuestionó que en esta segunda reunión los funcionarios de Seguridad volvieron a concurrir “sin los tres expedientes bajo análisis” y remarcó su “obligación y derecho de ejercer actos de control de la gestión del Poder Ejecutivo. Esos expedientes hoy debieron estar acá para saber qué compraron, a quién le compraron, para qué le compraron y fundados en qué motivos. No puede ser que no podamos conocer algo elemental”.

“Tenemos el derecho y la función de saber qué se hace y por qué, y ahora estamos hablando de 24 millones de pesos”, subrayó, a la espera de que el Tribunal de Cuentas atienda el pedido realizado y les remita copia de estos expedientes.

Más complicados

Por las declaraciones del legislador Villegas a Radio Nacional Ushuaia, los funcionarios del área de Seguridad estarían cada vez más complicados. “A reconocimiento de parte, relevo de prueba”, dijo tras el reconocimiento de compras secretas de parte del Estado provincial.

“Reconocieron que teníamos razón una vez más. La primera respuesta había sido una gacetilla de prensa del Secretario de Seguridad diciendo que estaba todo bien, luego se citó a conferencia de prensa, en la que se habló de las compras reservadas”, indicó.

“La Constitución establece como regla la publicidad de todos los actos de gobierno y en especial los que disponen de recursos públicos, y prohíbe los gastos reservados. A través de la resolución plenaria 29 del Tribunal de Cuentas del año 2000 se ha buscado que existan gastos confidenciales para el ámbito de delitos complejos de la policía de la provincia, para llevar a cabo determinado tipo de investigaciones relacionadas con narcotráfico, trata de personas y demás. Eso se autoriza por un decreto provincial y, en el curso de este año, no se han asignado más de un millón doscientos mil pesos”, sostuvo, desconociendo el destino del resto de los fondos en discusión.

Por esta razón desde el bloque “pedimos copia de todas las actuaciones del Tribunal de Cuentas, dictámenes, resoluciones, informes, relacionados con expedientes de la Secretaría de Seguridad, donde se invoque este inciso h de la ley que habla de compras secretas. Queremos saber qué motivó este tipo de contratación, qué se contrató, con quién, porque son cuestiones básicas y tenemos el derecho y la obligación de saberlo, por nuestro rol de control”, insistió.

“El control legislativo es distinto del que hace el Tribunal de Cuentas, porque va más allá de lo técnico. Debemos tener la respuesta formal del Tribunal de Cuentas, saber si intervino, cuáles fueron sus conclusiones, y evaluar después desde el ámbito político por qué se contrató, para qué y con quién”, dijo.

“Se habla de la adquisición de sistemas de seguridad y vigilancia de alta complejidad, y el año pasado se suscribió un convenio para habilitar un centro de inteligencia criminal, pero esto depende de Nación”, observó, confundido por los argumentos oficiales, cuando hay facultades delegadas para tareas de inteligencia interior.

“Como legisladores, tenemos el derecho de saber quién controla a quien nos controla, y cuáles son los elementos que se adquirieron para la policía, y si opinaron o no los organismos de control. Hasta ahora no hay respuesta y lo único que se hizo fue reconocer en los hechos lo que pasó en la primera reunión de comisión”, sentenció.

Si bien no comparte que se haya radicado una denuncia penal por este tema, no descartó tomar otro tipo de determinación si no hay respuestas y documentación respaldatoria del destino de los fondos.