Un reciente estudio realizado por la organización Inquilinos Agrupados expuso con crudeza la creciente carga económica que enfrentan los hogares inquilinos en la Argentina. Según el relevamiento nacional correspondiente a junio, el 67% de los inquilinos debe destinar entre el 30% y el 50% de sus ingresos mensuales al alquiler, una situación que evidencia el desbalance entre los costos habitacionales y el nivel salarial.

La encuesta, que abarcó 909 hogares de todo el país, advierte que el problema se agrava en sectores vulnerables: un 14% de los encuestados indicó que gasta más del 60% de sus ingresos en el pago de la vivienda. En el caso de las personas jubiladas, el promedio asignado al alquiler asciende al 49% de sus haberes.

Además del alto costo de los alquileres, el informe revela una situación crítica en materia de endeudamiento. El 72% de los inquilinos consultados manifestó tener deudas, y en muchos casos estas se vinculan directamente a gastos básicos: el 56% lo atribuye a tarjetas de crédito, el 44% a la compra de alimentos, mientras que el 32% se endeudó para pagar el alquiler y otro 32% lo hizo por motivos de salud.

En este contexto, el impacto en el consumo es evidente. La reducción del gasto en necesidades esenciales se ha generalizado: el 66% de los hogares encuestados tuvo que ajustar su alimentación, un 53% limitó el gasto en salud y el 94% dejó de realizar actividades recreativas o culturales.

Otro punto destacado del relevamiento es la frecuencia en la actualización de los contratos de alquiler. En el 78% de los casos, los aumentos se aplican cada seis meses, y más de la mitad de los contratos (55%) se rige por la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Solo un 16% conserva ajustes anuales, lo que implica una carga adicional en contextos de alta inflación.

Finalmente, el informe refleja el nivel de preocupación de los inquilinos ante el panorama económico: el 89% manifestó temor de no poder seguir pagando el alquiler en los próximos meses, una señal de alarma que pone en evidencia la fragilidad del acceso a la vivienda para miles de familias.

Desde Inquilinos Agrupados remarcaron que se trata de una “emergencia habitacional de carácter social”, y reclamaron medidas urgentes que permitan equilibrar la relación entre ingresos y el derecho a un techo digno.