La delicada situación del sistema de salud fueguino volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Autofarma reclamara de manera formal el pago de una deuda superior a los 7.063 millones de pesos que mantiene el Estado provincial. La empresa apuntó tanto contra la OSEF como contra el Ministerio de Salud, y advirtió que el atraso compromete la continuidad del servicio farmacéutico para miles de afiliados.

La presentación fue dirigida a la presidenta de la obra social estatal, Mariana Silvina Hruby, y a la ministra de Salud, Judit Di Giglio. Allí, la firma detalló que los montos impagos corresponden a 37.218 recetas ya entregadas a pacientes, es decir, prestaciones que fueron cumplidas pero que todavía no fueron canceladas por los organismos responsables.

De acuerdo con el planteo empresario, la mora no es reciente. En el caso de la OSEF, la deuda se arrastra desde noviembre de 2025, mientras que las obligaciones pendientes del Ministerio de Salud se remontan incluso a julio del mismo año. Ese escenario, señalaron, profundizó un desfasaje financiero que ya afecta el funcionamiento cotidiano de la compañía.

Autofarma aseguró que la falta de pago está generando consecuencias concretas en toda su operatoria. Entre los principales problemas mencionó dificultades para sostener la cadena de abastecimiento de medicamentos, inconvenientes para afrontar salarios, atrasos con proveedores y una pérdida de respaldo crediticio. A eso sumó una advertencia de mayor gravedad: la posibilidad real de que el servicio farmacéutico se vea interrumpido si no hay una regularización urgente.

La empresa remarcó además que una eventual caída en la prestación no sería fácil de reemplazar en el corto plazo, por lo que miles de personas podrían quedar sin acceso inmediato a tratamientos esenciales. En ese marco, sostuvo que la crisis ya no puede leerse solo como un conflicto administrativo o contable, sino como una amenaza directa sobre la atención sanitaria.

Con más de cuatro décadas de presencia sostenida en la región, Autofarma señaló que atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia. También puso el foco en el impacto laboral de esta situación, ya que la firma emplea a más de 45 personas en Tierra del Fuego y a más de 150 en Santa Cruz, puestos que hoy también aparecen condicionados por la falta de liquidez.

En su planteo, la compañía exigió que el Estado provincial regularice los pagos pendientes y asuma la responsabilidad por una situación que, según advirtió, puede agravarse rápidamente. De no mediar una respuesta, el conflicto podría escalar desde el terreno financiero hacia un problema más profundo, vinculado al acceso de la población a medicamentos y prestaciones básicas de salud.