El presidente de la Caja de Previsión de la Provincia de Tierra del Fuego (CPSTDF), Rubén Bahntje, anticipó que el presupuesto del organismo presentado en la Legislatura no contempla el aporte del Fondo Solidario con lo cual a partir del 7 de enero de 2018 cada organismo y poder del Estado, incluidas las municipalidades, deberán hacerse cargo de los déficit que se generen por aportes jubilatorios.

Bahntje indicó que “en el proyecto de presupuesto 2018 solamente se consideraron las herramientas que van a estar vigente de acuerdo a la normativa actual” con lo cual anticipó que “todas las fuentes de financiamiento de la Ley 1.068, incluido el Fondo Solidario, no se contemplan”.

En ese sentido Bahntje aclaró que “sí se ha contemplado en el presupuesto los recursos provenientes de la AREF por la Ley 1.069, los pagos de deuda por los convenios de deuda, que se han celebrado con todos los organismos con excepción de la Municipalidad de Ushuaia”.

Además sostuvo que a partir de eso “entra en vigencia en forma automática el artículo 23 de la Ley 1.070 que establece que en el caso de déficit que establece que en el caso de déficit cada organismo se deberá cargo del déficit que se produzcan”.

“En concreto el Fondo Solidario no está contemplado para el próximo periodo”, reiteró Bahntje quien además dijo: “En principio y tal cual está planteado, a partir del 7 de enero mes a mes se determinará cuál es el déficit operativo de la Caja, contando para esto el total de ingresos con el pago de prestaciones; y la diferencia que quede se prorrateará en forma proporcional entre los organismos en los cuales hay déficit”.

Además, sostuvo que para esos casos “lo que establece la ley es que tomaremos cuánto entra por aportes y contribuciones, cuánto le cuestan al sistema los beneficiarios que tienen en su haber referenciados sobre ese organismo y se notificará al Ministerio de Economía. A través de la contaduría general se harán las retenciones correspondientes para garantizar el pago de las jubilaciones”.

El funcionario sostuvo que en caso de no prorrogarse la emergencia, lo cual consideró prácticamente un hecho, alcanzará a partir del 7 de enero de 2018 a “todos los organismos aportantes teniendo en cuenta que la Caja de Previsión Social es el sistema de previsión de todos los empleados del estado, de todos los poderes, los municipios los concejos deliberantes y demás”.