El 14 de agosto de 2013 fue detenido un camionero originario de la provincia de Buenos Aires, Argentina, identificado como Guillermo Jesús Castiglioni, de 43 años, quien al momento de cruzar hacia Punta Arenas por el paso fronterizo Integración Austral fue inspeccionado por personal de Aduanas, encontrando en su vehículo 24 kilos de Cannabis sativa y medio kilo de clorhidrato de cocaína. A raíz de este delito, el conductor fue condenado en febrero de 2014 a cumplir la pena de siete años en prisión por el delito de narcotráfico, asegurando hasta el último día que él nunca supo el contenido de la carga que transportaba.

Tras estar cuatro años tras las rejas, el ciudadano trasandino logró optar al beneficio de la libertad condicional, saliendo del complejo penitenciario el pasado 17 de octubre. Lo que no presupuestó es que esta medida debe consumarse firmando por al menos un año.

“No puedo optar a una visa de trabajo, no puedo ‘laburar’ y si lo hago se considera una falta y puedo volver adentro. Hablé con el consulado y la única que me está dando una mano ha sido la secretaria. Todo el mundo me dice que espere, pero sinceramente la situación es caótica, no sé qué hacer y no puedo volver a mi país. Técnicamente estoy indocumentado, estoy ilegal porque no tengo ningún papel y por mis medios tuve que ir a ver eso en la PDI”, relató.

La empatía y la generosidad de una familia amiga del hombre afectado lo mantiene actualmente viviendo de allegado, sin tener la capacidad para poder aportar monetariamente en dicho domicilio, lo cual le ha provocado una crisis en todos los ámbitos de su vida, considerando que está restringido para efectuar cualquier tipo de labor remunerada.

“Como persona y como ciudadano siento que se están vulnerando mis derechos, porque más allá de que cometí un error al no haber revisado las cajas que contenían droga, y que eso constituyera un delito, me hicieron cumplir tal como dice la ley. Pero en estos momentos no puedo ser alguien en la vida, no puedo ver a mi familia ni tampoco trabajar para enviarles dinero. Yo no tengo problemas si tuviera que firmar en el consulado chileno, pero necesito una solución en mi vida, porque solamente tengo lo puesto y nada más. No sé cómo me voy a mantener”, consignó el atribulado transportista.

Protesta además que existe un vacío legal en su situación, según lo que le habría indicado la jefa de la Defensoría Penal Pública de Magallanes, abogada Gustava Aguilar, asegurando que es la primera vez que está ocurriendo este escenario en Punta Arenas.

“Lo que reclamo es algo básico, yo pido que me dejen ser alguien, que vuelva a ser Guillermo Castiglioni porque ya pagué lo que tenía que pagar con la justicia, pero es como una picardía que me sigan dejando, porque estoy preso en libertad en un país que no es el mío. Esto es desesperante”, clamó.