El Gobierno dio un paso más en su proyecto de reforma laboral al incluir un esquema alternativo para afrontar los costos derivados de la finalización de los contratos de trabajo. El borrador, que será tratado en sesiones extraordinarias, introduce dos herramientas que podrían transformar de manera profunda el sistema indemnizatorio: los fondos de cese laboral y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Un cambio de lógica: del pago único al aporte mensual
Ambos mecanismos comparten un objetivo central: reemplazar el desembolso concentrado que hoy generan los despidos por un sistema de prefinanciación sostenido con aportes periódicos. Sin embargo, cada herramienta aplica ese principio con alcances diferentes y con condiciones propias de adhesión.
Los fondos de cese, un ahorro laboral de uso múltiple
El proyecto toma como referencia el modelo de la construcción, donde el empleador realiza aportes mensuales a una cuenta individual para el trabajador. En esta nueva versión, ese fondo no solo podría utilizarse si la empresa decide despedir, sino también en caso de renuncia o como complemento previsional.
La administración del dinero quedará en manos de aseguradoras, con inversiones reguladas por la CNV y la Superintendencia de Seguros. Además, los montos quedarán protegidos por una condición clave: serán inembargables.
Aun así, esta herramienta solo podrá implementarse si el sindicato y las cámaras empresarias lo acuerdan en los convenios colectivos. El proyecto no habilita la posibilidad de que cada trabajador elija entre el sistema tradicional y el nuevo fondo, lo que limita su aplicación espontánea.
El FAL, el instrumento con mayor proyección
A diferencia del fondo de cese, el FAL no depende de la negociación paritaria. Será un fondo financiado por el empleador mediante la afectación de tres puntos de las contribuciones patronales que hoy se dirigen a ANSES. Ese capital se depositará en una cuenta individual de la empresa y podrá invertirse bajo supervisión del Estado.
Los recursos serán destinados a cubrir total o parcialmente las indemnizaciones, configurando un sistema propio de “ahorro empresarial” para despidos. El cumplimiento de los aportes permitirá acceder a una reducción equivalente de tres puntos en las contribuciones patronales, incentivo que solo se mantendrá si la empresa realiza los depósitos mensuales exigidos.
El FAL será controlado por la ARCA, ANSES, la CNV y el Ministerio de Capital Humano, que además podrán aplicar sanciones si se detectan usos indebidos.
Un reordenamiento del financiamiento laboral
La implementación de estos fondos supone un cambio estructural: una parte del dinero que antes formaba parte del financiamiento previsional pasaría a reforzar un fondo específico para afrontar despidos en el sector privado. Para las empresas, implicaría mayor previsibilidad financiera; para los trabajadores, nuevas reglas que dependerán de la adhesión de cada actividad o compañía.
Lo que queda en manos del Congreso
El debate parlamentario definirá cómo quedarán configuradas estas herramientas y qué alcance tendrán en el mercado laboral. Aunque no se observa un impulso significativo de sindicatos o cámaras para adoptar el fondo de cese, el FAL aparece como el mecanismo con mayores posibilidades de convertirse en la opción predominante.Con estas iniciativas, el Gobierno busca disminuir los conflictos judiciales vinculados a las indemnizaciones y evitar que el impacto económico de un despido recaiga de manera repentina sobre las empresas. De prosperar, significaría la instalación de un nuevo modelo indemnizatorio en Argentina, sujeto al nivel de adopción que logren los sectores productivos.
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