El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó un proyecto diseñado para contribuir a la gestión de emergencias por catástrofes en todo el país. Se trata del “Sistema de Alerta Temprana - AlertAR”, que fue puesto en marcha a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial. El objetivo del mismo es establecer protocolos de prevención y alerta en situaciones de emergencia.

La medida asigna una partida de 12.000 millones de pesos del Fondo del Servicio Universal (FSU) para la adquisición y financiamiento de infraestructura, tanto activa como pasiva, con el propósito de permitir la difusión inmediata de mensajes de alerta “de todo otro hecho que requiera poner en estado de alerta a la población en virtud de desastres naturales, alertas meteorológicas extremas y/o advertencias de seguridad pública, ello a los fines de salvaguardar la integridad de los habitantes y bienes en las localizaciones, dentro un área geográfica establecida en el territorio de la República Argentina, basados en la tecnología (CELL BROADCAST), conforme lo establecido por la Resolución ENACOM N° 960/2025”.

El organismo estableció que el sistema de alarma temprana requiere “la multi difusión de mensajes a teléfonos móviles”. De esta manera, según lo dispuesto en la normativa 1387/2025, se garantizaría el acceso en todo el país, con independencia de la localización de los usuarios, calidad asegurada y precios razonables.

En el marco del Programa Conectividad de Interés Público (CIP), el Ministerio de Seguridad Nacional le solicitó al ente la implementación de un sistema eficaz para la difusión inmediata, tal como el recientemente lanzado. La respuesta oficial fue favorable y permitió el desarrollo del Proyecto Específico AlertAR.

A su vez, la tecnología Cell Broadcasting permite la emisión de mensajes simultáneos a teléfonos móviles en áreas geográficas determinadas. Este recurso se considera parte esencial del nuevo proyecto. Por esto mismo, el Proyecto “AlertAR” incluye la firma de múltiples convenios: uno de colaboración entre ENACOM y otros organismos competentes, otro con empresas prestadoras y un tercero con el Ministerio de Seguridad Nacional. Estos acuerdos permitirán efectivizar la colaboración público-privada y formalizar la afectación de recursos para el despliegue del sistema.

La normativa prevé la definición y actualización de programas específicos que permitan la evolución y permanencia del servicio, así como la fijación de mecanismos de garantía y cumplimiento por parte de los actores intervinientes.

Para su implementación, deberán contemplarse presupuestos, modalidades de adjudicación y mecanismos de control destinados a garantizar el cumplimiento de metas, supervisado en todo momento por las instancias técnicas y jurídicas del Ente Nacional de Comunicaciones. El proceso de licitación, adjudicación y puesta en marcha buscará asegurar la disponibilidad inmediata del sistema ante eventos críticos, con alcance a todo el territorio nacional.

Alcance y gestión operacional

El objetivo central es contribuir al desarrollo de protocolos de prevención y respuesta en situaciones críticas, optimizando la protección de los habitantes y sus bienes dentro de áreas geográficas definidas mediante la difusión de notificaciones enviadas en simultáneo y segmentadas a todos los teléfonos móviles ubicados dentro de zonas delimitadas, sin que los usuarios requieran instalar aplicaciones ni suscribirse.

Esta solución contempla la adquisición y financiamiento de infraestructura activa —incluyendo servidores, routers, software y equipamientos de conmutación—, así como infraestructura pasiva, compuesta por torres, antenas, cables y sistemas eléctricos necesarios para el funcionamiento del sistema.

La ejecución se desarrolla en colaboración entre ENACOM, el Ministerio de Seguridad Nacional como beneficiario principal, y los prestadores de servicios móviles, quienes adaptan su infraestructura para permitir la integración y operación del sistema.

El financiamiento total proviene del Fondo del Servicio Universal, que garantiza los recursos para la adquisición, instalación, puesta en marcha, operación, mantenimiento, capacitación y soporte técnico durante el plazo inicial de treinta y seis meses.

El procedimiento de puesta en marcha prevé la convocatoria a licitación pública para seleccionar al proveedor de la tecnología. Una vez adjudicado, se procede a la instalación, seguida de un período de prueba de sesenta días. El usuario administrativo es responsable de la emisión, contenido y monitoreo de los mensajes conforme a protocolos definidos y en coordinación con las entidades participantes.