Uno de los casos mencionados es el de una mujer que tiene una enfermedad terminal y le habían quitado la pensión a su hija, al disminuir al 10% la incapacidad laboral en la reevaluación realizada por la junta de zona norte. La mujer recurrió a la junta de Ushuaia, que determinó un 66% de incapacidad y por lo tanto se indicó que debía seguir recibiendo la pensión.

“Uno tiene que evaluar hechos, y en base a los hechos uno puede suponer una intencionalidad política. Pero esto marca por lo menos que hay una ineptitud importante”, dijo la titular de la Secretaría de Discapacidad de la CTA Autónoma, Diana Román, refiriéndose puntualmente al Dr. Oscar Ruiz, como responsable de Fiscalización Sanitaria.

En declaraciones a Radio Provincia, explicó que “ahora estamos convocando a todas las personas con discapacidad a las que se les dio de baja la pensión, por diversas razones, aunque en general es siempre por este certificado médico oficial. Y vamos a empezar a actuar en general y en particular\", anticipó.

Mencionando que se llevan adelante \"varias acciones en la justicia, porque no actúan de oficio. Vinculadas con la Resolución 65 del jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz, que establece condiciones totalmente arbitrarias, basadas en principios economicistas, para acceder a la pensión\".

Roman dijo que buscan \"frenar esa resolución en la justicia, fuimos a la Defensoría, los defensores se constituyeron como garantes de que no iba a prosperar, y al día siguiente Gorbacz salió una resolución aún peor que está vigente”, advirtió la titular de la Secretaría de Discapacidad de la CTA Autónoma.

Luego se refirió a la Resolución 18, que restringe el acceso al transporte adaptado, comentando que “Hemos impugnado una resolución sobre el uso del transporte, que también pretende guiarse por principios economicistas. Las provincias tenemos cinco combis adaptadas más, por fondos de Nación que envió la CONADIS\".

Pero indicó que \"cuando uno va a pedirlas, tiene que presentar una declaración jurada de ingresos de todo el grupo familiar, decir si tienen auto o no. Dentro de las condiciones para obtener este transporte adaptado dicen que la tolerancia de espera es de cinco minutos, y cualquiera que trate con personas con discapacidad sabe que cinco minutos de espera es algo imposible para aprontar a un chico con problemas de movilidad\".

Explicó que \"también ponen condiciones de higiene y vestimenta para poder estar en el transporte. La verdad es lamentable, y nos costó llegar a esta resolución porque los padres nos decían que les hacían llenar una declaración jurada y no sabíamos de dónde venía. La encontramos por el boletín oficial, es la resolución Nro. 18 y son normas que empiezan a regir para los pensionados de las cuales no los notifican, como si la gente entrara al boletín oficial todos los días”, se quejó.

Señalando durante la entrevista que “de golpe uno se encuentra con que está incumpliendo normativas y que es posible quedarse sin la combi y la pensión, y no saben por qué”. “Cuando uno lee las normativas que van inventando, siente mucha impotencia. Imaginen lo que siente la persona con discapacidad o el familiar”, manifestó Diana Roman.

Adelantando la decisión de gestionar una reunión con la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, con la cual mantienen contacto; para plantear el uso restrictivo que el transporte en la provincia.