El Gobierno nacional oficializó este lunes la liquidación total del programa ProCreAr, una política habitacional lanzada en 2012 que ofrecía créditos accesibles y con subsidio estatal para la construcción o compra de viviendas. La medida fue formalizada a través de la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, y establece el desmantelamiento del fondo fiduciario que sostenía el plan.

El Banco Hipotecario continuará a cargo de la gestión de los créditos activos hasta que todos sean cancelados. En este marco, se firmará un Contrato de Mandato entre la entidad y la cartera económica para llevar adelante esa tarea. Además, se garantiza que quienes hayan accedido a financiamiento bajo este programa mantendrán “las mismas condiciones de retribución establecidas originalmente”.

La eliminación de ProCreAr había sido anticipada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien declaró: “El plan Procrear tal y como lo conocemos, dejará de existir. Además de esto, se comenzarán a permitir las ‘hipotecas divisibles’ para proyectos inmobiliarios en desarrollo”.

El documento, rubricado por el ministro de Economía Luis Caputo, también contempla la intervención de la Secretaría de Obras Públicas para asegurar la correcta disposición de los activos y la continuidad de los procesos financieros. En cuanto a los inmuebles que no estén comprometidos en contratos de obra vigentes, estos serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), conforme a lo indicado en el decreto 1018/2024.

Desde el Ministerio destacaron: “No es posible desconocer la dificultad de vastos sectores de la sociedad para acceder a una vivienda, producto de contextos desfavorables para el acceso a créditos, generados, entre otros motivos, por la alta inflación de las últimas décadas”. Sin embargo, justificaron el cierre del programa señalando que “la financiación de la construcción de viviendas es una actividad propia y principal de los bancos comerciales, privados y públicos, por lo que no se justifica la intervención del Estado en esa materia”.

En el mismo sentido, la resolución habilita la posibilidad de transferir propiedades o unidades residenciales a provincias, municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, institutos de vivienda y otros entes públicos, siempre con la intervención previa del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Finalmente, se confirmó que la Subsecretaría Legal deberá participar en eventuales procesos judiciales derivados del cierre del fideicomiso, tal como ya se preveía en el decreto original que dio inicio al proceso de disolución.