La expansión pesquera impulsada por el Reino Unido en las aguas que rodean a las Islas Malvinas vuelve a encender alarmas por su falta de control ambiental y las consecuencias sobre especies migratorias esenciales. Estas prácticas repercuten directamente en el ecosistema marino de Tierra del Fuego, en su biodiversidad y en actividades económicas locales como la pesca artesanal y costera.

De acuerdo con un análisis difundido por Agenda Malvinas, “la economía del enclave se sostiene en gran medida gracias a la venta de permisos a flotas internacionales, sin regulaciones biológicas ni control argentino”. Según el mismo sitio, la estructura económica de las islas se apoya casi exclusivamente en este modelo de explotación, basado en la captura intensiva de recursos marinos.

Entre las especies más afectadas se encuentra el calamar patagónico o Loligo gahi, un cefalópodo que desova y se desarrolla en la plataforma continental argentina antes de desplazarse hacia el área de Malvinas. La ausencia de acuerdos bilaterales o de sistemas de control y monitoreo ha generado una sobreexplotación creciente que amenaza con agotar la biomasa disponible y comprometer el equilibrio del Atlántico Sur.

Las estadísticas reflejan con claridad la magnitud del problema: las capturas de calamar han descendido de 85.000 toneladas en 2019 a apenas 18.000 en 2025. Este desplome ha obligado a las autoridades británicas en las islas a adoptar medidas de emergencia, lo que pone de manifiesto la fragilidad de un modelo que depende de la pesca para generar alrededor del 60% del Producto Interno Bruto local.

Tierra del Fuego se encuentra entre las zonas más vulnerables frente a esta situación. El deterioro del ecosistema marino afecta no solo la biodiversidad sino también la subsistencia de las comunidades que dependen de la pesca costera. La continuidad de la explotación sin mecanismos de regulación podría romper el delicado balance ecológico que sostiene la vida marina regional.

Otro factor de preocupación es la falta de transparencia del régimen de licencias: no existen registros públicos sobre las capturas, ni informes de esfuerzo pesquero, ni datos oficiales acerca de las flotas que operan en el área. El estudio advierte que esta opacidad convierte al entorno marítimo en “un área de explotación sin criterios de sostenibilidad”, donde los recursos naturales son extraídos sin límites ni control.

Los especialistas coinciden en que la situación demanda una respuesta urgente. De no adoptarse políticas de conservación y soberanía sobre los recursos marítimos, el Atlántico Sur —y especialmente el ecosistema fueguino— podría enfrentar daños irreversibles. La amenaza, silenciosa pero persistente, pone en riesgo a una de las regiones más ricas y diversas del hemisferio sur.