El vocal por las y los pasivos en la OSEF, Horacio Gallego, sostuvo que la delicada situación financiera de la obra social volvió a quedar al descubierto por las dificultades para cumplir con los prestadores y por las restricciones en la atención que ya comenzaron a aplicar algunos centros de salud, entre ellos la clínica San Jorge. En ese contexto, estimó que podría haber novedades en los próximos días, cuando empiecen a ingresar los fondos que habitualmente se recaudan a partir de la segunda quincena del mes.
De todos modos, remarcó que ese alivio sería apenas momentáneo. Según planteó en declaraciones a Radio Provincia, el sistema actual funciona “con cuentagotas” y eso no alcanza para revertir una crisis que, a su entender, se volvió estructural. Por eso insistió en que la discusión debe darse de manera profunda y que la Legislatura tiene que intervenir para abordar una situación que, dijo, ya no se puede seguir postergando.
Gallego también dirigió cuestionamientos al Poder Ejecutivo y al funcionamiento interno del Directorio. Señaló especialmente el peso que tiene la Presidencia dentro de la conducción de la obra social, tanto por el mecanismo del doble voto como por la facultad de impulsar -o no- el reclamo de fondos adeudados. En ese marco, recordó que incluso hubo observaciones del Tribunal de Cuentas por no haber exigido esos recursos de la manera correspondiente.
En relación con esa deuda, afirmó que desde su ingreso planteó la necesidad de reclamar lo que se le debe a la obra social. Explicó que, ante la falta de respuestas por la vía administrativa, la semana pasada presentó una nota para pedir que se avance con otras herramientas, entre ellas una posible acción judicial, al considerar que los mecanismos utilizados hasta ahora no dieron resultados.
El representante de las y los pasivos además puso el foco en decisiones que, según indicó, nunca compartió, como los convenios firmados con distintos prestadores con subas de entre el 35% y el 40%. Aseguró que esos aumentos fueron objetados por su sector desde el inicio y recordó que uno de los prestadores incluso pidió al Gobierno provincial la designación del vicepresidente para inclinar una votación mediante el doble voto. Ahora, observó, la propia conducción analiza renegociar esos acuerdos y reducirlos en un 30%, porque los valores actuales resultan imposibles de sostener.
Finalmente, Gallego enmarcó el conflicto dentro de la realidad económica general. Subrayó que la obra social se financia con aportes de trabajadores que cobran salarios que, en muchos casos, rondan entre 800 mil y un millón de pesos, por lo que consideró inviable seguir incrementando pagos a prestadores si los ingresos permanecen prácticamente congelados. En esa línea, sostuvo que si el propio Estado provincial otorga aumentos salariales mínimos, el resto de los actores también debe comprender el límite económico que atraviesa hoy OSEF.
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