El Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR), organismo dependiente del Estado Mayor Conjunto y responsable de la logística y funcionamiento permanente de las bases argentinas en la Antártida, recibió una grave denuncia por presuntos hechos de contaminación ambiental ocurridos en la Base Antártica Conjunta Petrel, actualmente en pleno proceso de recuperación y obras de infraestructura.
Petrel es considerada un nodo estratégico para el futuro despliegue argentino en el continente blanco, ya que se proyecta como centro de movilización de personal y cargas, con pistas de aterrizaje y conectividad aérea y naval hacia el interior profundo de la Antártida.
La denuncia fue formalizada mediante un memorando interno fechado el 10 de enero, redactado por el segundo jefe de la base, quien informó a sus superiores sobre “irregularidades acaecidas durante el transcurso de la Campaña Antártica 2025”. En el documento se acusa al entonces jefe de base, capitán de fragata de Infantería de Marina Cristian Gabriel De Gregori, de incumplimiento reiterado de la normativa ambiental vigente y maltrato sistemático al personal bajo su mando.
Acusaciones por vertido y quema de combustibles
Según detalla el memorando, el hecho de mayor gravedad ambiental estaría vinculado a “órdenes verbales directas y reiteradas” impartidas por el jefe de base para la eliminación de remanentes de combustibles y aceites.Entre los materiales mencionados figuran combustible JP1 para aeronaves, nafta súper, gasoil antártico (GOA), lubricantes y aceites 15w40, residuos provenientes del mantenimiento de generadores y vehículos.
De acuerdo al informe, estos desechos habrían sido vertidos y/o quemados en una batea metálica, generando un “riesgo crítico de contaminación del suelo, la fauna local y la biodiversidad antártica”. El documento señala que estas prácticas habrían sido respaldadas con material fotográfico adjunto como prueba.
Quema de residuos no controlada
La denuncia también incluye la incineración no controlada de residuos, entre ellos víveres vencidos, latas, bolsas plásticas con alimentos, goma, materiales de construcción y plásticos diversos.Este tipo de prácticas se encuentra prohibido por la normativa ambiental vigente en el continente antártico.
Un marco normativo estricto
Cabe recordar que, si bien décadas atrás la quema a cielo abierto era una práctica habitual en algunas bases antárticas, esta modalidad fue expresamente prohibida tras la adopción de estándares internacionales de protección ambiental.En particular, la Recomendación XV-3 (1989) del Comité Científico para la Investigación Antártica y, posteriormente, el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (Protocolo de Madrid), firmado en 1991 y en vigencia desde 1998, establecieron estrictos criterios para la gestión de residuos, prohibiendo la quema a cielo abierto y cualquier acción que implique riesgo para el ecosistema.
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