Un proyecto de ley ingresó al Congreso con el objetivo de garantizar la recuperación rápida y efectiva de la propiedad privada en casos de ocupación ilegítima o incumplimiento grave de contratos. La propuesta plantea la creación de un procedimiento especial que permita acelerar los tiempos judiciales y dar mayor certidumbre a los titulares de inmuebles.

Un mecanismo sumarísimo

La iniciativa establece un “procedimiento de desalojo exprés” aplicable cuando el propietario pueda acreditar de manera fehaciente su dominio o un título inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble. Este trámite tendrá carácter sumarísimo y se aplicará con preferencia frente a cualquier otro proceso judicial.

Plazos más breves

Según el texto, el ocupante deberá ser notificado dentro de los cinco días corridos desde la admisión de la causa y contará con otros cinco días hábiles para presentar descargo y pruebas documentales. Una vez vencido ese plazo, el juez deberá dictar sentencia en un término máximo de diez días hábiles.

Restitución inmediata

Si se confirma la ocupación ilegítima o el incumplimiento contractual, el juez deberá ordenar la restitución inmediata del inmueble al propietario, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública para concretar la medida. El procedimiento, no obstante, prevé el respeto de la integridad física y los derechos básicos de los ocupantes, incluyendo la posibilidad de derivación a servicios sociales cuando corresponda.

Debate en torno a la propiedad

Los fundamentos de la propuesta sostienen que la demora judicial en restituir inmuebles constituye una forma de “expropiación fáctica” y que la tolerancia frente a ocupaciones ilegales erosiona tanto la economía como el sistema de libertades. También se reconoce la existencia de un déficit habitacional en el país, aunque se advierte que la justicia social no puede construirse a partir del despojo de particulares.