En medio de un escenario donde cada vez más familias recurren a préstamos de corto y mediano plazo —tanto en el sistema formal como en circuitos informales—, legisladores peronistas presentaron un proyecto de ley que propone crear una línea de financiamiento orientada al desendeudamiento. La iniciativa busca ofrecer una alternativa de crédito con condiciones reguladas para quienes hoy sostienen gastos cotidianos a costa de endeudarse.

El texto fue elaborado por el diputado nacional de Unión por la Patria Guillermo Michel y cuenta con el acompañamiento de integrantes de su bloque y de Encuentro Federal. El programa prevé otorgar créditos de hasta $1,5 millones, con un tope de cuota pensado para no comprometer el consumo mensual de los beneficiarios.

Michel sostuvo que la combinación de ingresos bajos, gastos fijos en alza y el encarecimiento del crédito empujó a buena parte de la sociedad a tomar deuda, al punto de afectar incluso la compra de alimentos. En esa línea, el proyecto plantea que se trata de un problema que ya incide directamente en la vida diaria y en la capacidad de compra de los hogares.

En los fundamentos, el legislador remarca que en el período reciente los gastos fijos del hogar avanzaron muy por encima de los ingresos, generando una compresión sostenida del poder adquisitivo. Ante esa caída del ingreso disponible, describe que los sectores más vulnerables suelen financiar consumos esenciales e imprevistos mediante deuda de corto plazo.

Además, el texto cita datos del Banco Central (BCRA) para dimensionar el fenómeno: la morosidad en préstamos a hogares se ubicaría alrededor del 7,8%, mientras que en el financiamiento a empresas sería cercana al 1,9%. Con ese diagnóstico, el proyecto sostiene que se necesita una herramienta que reemplace el endeudamiento caro y desregulado que suelen enfrentar quienes tienen menor poder de negociación.

En cuanto al diseño del programa, la iniciativa establece como autoridad de aplicación a ANSeS y define un universo amplio de destinatarios. Podrán acceder jubilados y pensionados que cobren hasta seis haberes mínimos, titulares de AUH y asignación por embarazo, trabajadores registrados con ingresos de hasta seis salarios mínimos, trabajadores de casas particulares y monotributistas de las categorías A, B, C y D.

El esquema también fija límites de protección: la cuota no podrá superar el 30% del ingreso mensual neto del beneficiario, con el argumento de resguardar la capacidad de consumo y evitar que el crédito se transforme en una nueva carga imposible de sostener.