Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido

Click aquí para activar las notificaciones y recibir las noticias directamente en su escritorio.

Interes General

Imputabilidad desde los 14: los cambios clave del nuevo Régimen Penal Juvenil

El nuevo Régimen Penal Juvenil impulsa un giro de fondo en cómo se juzgan los delitos cometidos por adolescentes: la edad de imputabilidad baja a 14 años, cuando hasta ahora el umbral efectivo estaba en 16 para que existiera posibilidad de juicio y condena. El Gobierno sostiene que la modificación busca actualizar la legislación y alinearla con parámetros de otros países de la región.

Uno de los puntos centrales es qué ocurre con casos graves. Con el esquema vigente, un chico de 15 años que comete un delito como un homicidio puede quedar sometido a un proceso y, por decisión judicial, ser alojado en un instituto, pero no puede ser juzgado ni condenado. Con la nueva norma, esa misma persona podrá ser imputada, procesada y, si corresponde, condenada, incluso con pena de prisión.

El régimen también modifica la respuesta ante delitos menos graves. Hoy, por ejemplo, un robo simple con pena mínima menor a dos años no habilita condena para un menor en esos rangos. Con la nueva ley, el adolescente sí podrá recibir una condena, aunque se establece que no habrá prisión efectiva si la pena prevista no supera los 3 años.

En materia de sanciones, la norma fija límites y una escala de penas. Se establece que para menores de 18 años no habrá prisión perpetua (queda prohibida) y que la pena máxima de cárcel será de hasta 15 años. Además, para delitos con penas de 3 a 10 años, el juez podrá optar por medidas alternativas —tareas comunitarias, programas de formación o libertad asistida— siempre que no haya habido muerte o violencia grave y que el imputado no tenga antecedentes.

Otra novedad es el modo de cumplimiento de las condenas. La privación de libertad no necesariamente deberá ejecutarse en una cárcel común y, si se cumple en un establecimiento penitenciario, deberá ser en un sector separado de los adultos. A la vez, se indica que la Justicia deberá priorizar opciones como domicilio, institutos abiertos o centros especializados.

El capítulo más discutido es el financiamiento para poner el sistema en marcha. El texto incorporó una asignación específica: un total de $23.739.155.303, con aportes del Ministerio de Justicia ($3.131.996.784) y de la Defensoría General ($20.607.158.518). Desde sectores opositores advirtieron que, si las provincias no cuentan con recursos para adaptar sus lugares de detención y cumplir la separación de adultos y adolescentes, la ley podría enfrentar dificultades prácticas para aplicarse.

Compartinos tu opinión

Te puede interesar

Últimas noticias

Fotos

Queremos invitarte a conocer Tierra del Fuego a través de sus maravillosos paisajes.

Invierno fueguino en 360°: Río Grande bajo la nieve

ver todas las fotos

Videogalería Ver más

Momentos TDF

Teclas de acceso