El Puerto Caleta La Misión se encuentra localizado a orillas del Mar Argentino, en la Ruta Nacional 3, 12 km al norte de la ciudad de Río Grande.

La obra fue inicialmente licitada en julio de 1995 por el Poder Ejecutivo Provincial, a cargo de José Arturo Estabillo. Mediante el Decreto 1601, el 29 de julio de 1996 fue adjudicada a la Unión Transitoria de Empresas (UTE), conformada por las firmas Ormas S.A.I.C.I.C. y Andrade Gutiérrez S.A., y con un monto de U$S 43.156.929,38. La construcción se inició el 22 de diciembre de 1997 y poseía un plazo de 28 meses.

A fines de 1998, la obra se paraliza por falta de pago. Por tal motivo, la UTE Ormas S.A.I.C.I.C. y Andrade Gutiérrez S.A. inician una demanda contra el estado provincial por los gastos de tiempos improductivos, valuados en $ 100.000.000.

El 13 de abril de 1999, mediante el Decreto Nacional 345 firmado por Carlos Menem, el puerto es mencionado dentro del proyecto del Ferrocarril Transpatagónico, iniciativa privada presentada por la empresa canadiense Canarail Consultants Inc. El proyecto completo incluía la creación de una línea férrea que comenzaba en Choele Choel y se dirigía hacia Punta Loyola, desde donde luego se abordaba a buques con sistemas Ro Rail y Ro-Ro para arribar finalmente a Caleta La Misión.

Los riograndenses han visto en los últimos 16 años la utilización de “la reactivación del puerto” como un caballito de batalla durante cada una de las campañas electorales. Gran parte de los candidatos a Gobernador o algún puesto político han hecho mención de la reactivación del tan anhelado puerto de Rio Grande. Pero la realidad es que a 21 años del comienzo del mismo la obra está paralizada, por más de 16 años. Varios antiguos pobladores murieron esperando ver que se concrete ese sueño riograndense que bien ayudaría a la mayor producción en el Parque Industrial, entre tantos otros beneficios, al igual que el Turismo.

El 15 de febrero de 2001, la gestión del gobernador justicialista Carlos Manfredotti firmó un acta convenio con la UTE en la que se reconocía una deuda por certificaciones impagas e intereses por unos 13 millones de pesos y otros 5,4 millones de pesos por gastos de paralización de la obra. Por este último concepto el reclamo ascendía a casi 27 millones de pesos. Es decir, de una deuda cercana a los 41 millones de pesos se acordó la de un monto total de unos 19 millones de pesos. Esta cifra debía ser cancelada de manera escalonada entre febrero y junio de 2001. El convenio contemplaba también el pago de 4,2 millones de pesos a la contratista por la realización de diversos estudios y ensayos técnicos que permitieran establecer el proyecto definitivo del Puerto, en función de lo cual se preveía que el costo de la obra pudiera experimentar un aumento del 20% sobre el valor estipulado en abril de 2000. Es decir, hasta unos 106 millones de pesos.

Esta acta convenio estipulaba que si los estudios técnicos indicaran que el costo superaría ese valor, la Provincia podía decidir no continuar con la obra y rescindir el contrato sin costo adicional alguno.

Este acuerdo fue ratificado por la Legislatura el 15 de marzo de 2001. El Ejecutivo decidió la contratación de una consultora internacional (Harza), la que determinó que el proyecto de puerto sobre el que se venía trabajando resultaba técnicamente inviable. En función de ello se elaboró un nuevo proyecto, por lo que el Ejecutivo remitió una iniciativa al parlamento, que resultó aprobada en diciembre de 2002, pidiendo ampliar a 66 millones de pesos la autorización para gestionar créditos para financiar la obra \"con más el equivalente a 46 millones de dólares a los efectos de concluir con la parte restante de la obra Nuevo Puerto Caleta La Misión\".

En la ley se daba al Poder Ejecutivo provincial un plazo de 30 días para negociar con el contratista un nuevo contrato para la ejecución de la obra, con la posibilidad de ampliarlo por igual período, siempre que dicha ampliación no importara reclamo alguno por parte de las empresas contratistas. En caso de acuerdo las partes suscribirían los documentos jurídicos y los documentos necesarios que plasmaran tales condiciones. Si no hubiera acuerdo se estipulaba la rescisión del contrato – tal lo acordado en el convenio de 2001 – y se facultaba a Poder Ejecutivo a contratar en forma directa, previa urgente compulsa, una empresa o consorcio de empresas que concluyeran con la obra. La condición era que aceptaran las condiciones de la Provincia y ofrecieran financiamiento no menor 70% y un plazo de gracia no inferior a 1 año. Otra alternativa contemplada en la ley era la de \"ofrecer en forma directa a quien se encuentre interesado y acredite sobrada experiencia en la materia, la concesión del puerto Caleta La Misión, siempre que el mismo se haga cargo de la finalización total y definitiva de dicha obra, en un plazo no superior a los 4 años\".

Todo parece indicar que Ejecutivo y contratistas llegaron a un acuerdo satisfactorio para las partes, pero en los concreto la obra no avanzó.

En enero de 2004 llegó al Gobierno Jorge Colazo acompañado por Hugo Cóccaro. Durante esta traumática gestión gubernamental se convocó al Foro Puerto Caleta La Misión, del que participaron, entre otras entidades, la Universidades de Córdoba para que redefiniera el proyecto de Puerto, que por ese entonces fue valuado en 300 millones de pesos. En este Foro se había conformado también una comisión que debía abocarse a renegociar el contrato con la empresa constructora –de estar ésta interesada en continuar con la obra– o, en su defecto, buscar la rescisión más conveniente para la Provincia. En este último caso, Colazo adelantaba que se buscaría apoyo financiero en el Gobierno nacional, como así también en Estados Unidos, Kuwait, Arabia Saudita y China.

Una vez destituido, Cóccaro buscó obtener recursos nacionales para finalizar la obra, y ya por ese entonces se planteaba la posibilidad de incorporarla a las obras a financiar con el Fideicomiso Austral. Lo que parece haber quedado indefinido en el tiempo fue la resolución del contrato con la empresa que ahora reclama 45 millones de pesos a la Provincia.

El 5 de octubre de 2010, la gobernadora Fabiana Ríos firma junto con la empresa Piedrabuena S.A., el consorcio francés IFEFI y la UTE Ormas - Andrade Gutiérrez una carta de intención mediante la cual se iniciaba el procedimiento legal para la reanudación de la obra.

El 7 de octubre de 2011, Fabiana Ríos firma el Decreto 2381, designando como adjudicatarios de la obra a Piedrabuena, a IFEFI y a la UTE Ormas - Andrade Gutiérrez. Entre las condiciones del mismo, figura que el Estado Provincial concesionará la explotación del puerto por 40 años, y gozará de la opción de compra del mismo cada 5 años. Asimismo, se establece dejar sin efecto la demanda por gastos improductivos.

El financiamiento de la obra se realizaría con los fondos del denominado Fideicomiso Austral, un patrimonio compuesto por porcentajes de las regalías petroleras recaudadas por los estados nacional y provincial.

El monto de la finalización de la obra, que ascendía a U$S 183.000.000, fue objetado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tierra del Fuego, debido a que no se había indicado la información que se utilizó como base para tal valorización.

El 20 de septiembre de 2012, el poder legislativo provincial rechazó el decreto. El argumento esgrimido por el legislador radical Pablo Blanco fue que, en el período transcurrido hasta esa fecha, no se habían cumplido con las condiciones estipuladas en el decreto.

De esta manera, la UTE Ormas - Andrade Gutiérrez reanuda la demanda por gastos improductivos contra el estado provincial.

El 17 de diciembre de 2013 el vicegobernador Roberto Crocianelli firmó el decreto 2861/13 en donde ordenó “declarar el carácter reservado de las actuaciones caratuladas “sobre situación de la obra Nuevo Puerto Caleta la Misión, Río Grande- Licitación Pública 01/95”; expediente 18.348.

El decreto surgió tras la intervención de la Secretaría Legal y Técnica que aconsejó que resulta “pertinente proceder a declarar la reserva de las citadas actuaciones, a fin de no vulnerar las estrategias jurídicas y procesales en defensa en juicio del Estado Provincial”.

La decisión de declarar la “reserva” de las actuaciones fue comunicada a la empresa Ormas Ingeniería y Construcciones SA-Constructora Andrade Gutiérrez SA; Unión Transitoria de Empresas.

La decisión de iniciar una investigación sobre la licitación de la obra, es para “recopilar losantecedentes relevantes para analizar la ejecución de la obra citada y llegar a un estado de situación que lleve a una toma de decisión que sea ajustada a derecho y a los intereses de la Provincia”.

El 12 de noviembre de 2014 se reinició la causa Fabiana Ríos confirmó que se notificó al Poder Ejecutivo,  que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declaró inadmisible el pedido de caducidad de instancia solicitada en su momento por la Fiscalía  de Estado y oportunamente concedida por el Superior Tribunal de Justicia Provincial.

En el 2015 La Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales de Electrónica (AFARTE) expresó su predisposición a contribuir con el estudio de factibilidad del puerto Caleta la Misión a los efectos de mejorar los costos de transporte de los insumos a la Isla.

“Hay unos costos altísimos de logística y, por más que los insumos vengan a precios bajos, esos costos impactan bastante en el producto final”, planteó por Radio Universidad Alejandro Mayoral, al referirse a este tema.

El citado empresario admitió que “el transporte marítimo podría abaratar mucho el costo desde y hacia Tierra del Fuego, a los centros de consumo” y aseguró que “poner un conteiner en el puerto de Buenos Aires desde Oriente puede ser más barato que trasladar un conteiner desde Mendoza a Buenos Aires”.

Nuevamente en el año 2015 la reactivación volvió a salir a flote de la mano de los dos candidatos que se disputaban la Gobernación fueguina.

A menos de dos meses se asumir Rosana Bertone, el secretario de Obras Públicas, Mariano Pombo, quien admitió que desde el punto de vista jurídico es “compleja” la concreción del puerto. El funcionario anticipó que se analiza la posibilidad de que alguna empresa “pueda aportar los fondos para terminar el puerto y que quede como operadora para recuperar la inversión”.

También consideró que ahora se debería “ampliar el muelle porque el que está, cuenta con una sola mano para circulación de camiones, y su estrechez complicaría el movimiento vehicular y operativo de la terminal portuaria”.

Fuente:

Wikipedia

El Sureño

Tiempo Fueguino

Diario Fin del Mundo