Un grupo de esposas de policías retirados se concentró este martes frente a la Comisaría Primera de Río Grande para solicitar una reunión con representantes de la Caja de Previsión Social. Las manifestantes buscan explicaciones por la falta de pago de haberes y aguinaldos, una situación que, según denunciaron, se prolonga desde hace aproximadamente un año y medio.

Marisa Fontana, una de las voceras del reclamo, aseguró por FM del Pueblo que existen tres medios aguinaldos pendientes y que las familias todavía desconocen qué medidas adoptó el directorio para superar la crisis financiera. “Queremos que los directores que viven en Río Grande se sienten con nosotros y aclaren las dudas que tenemos sobre los pasos que siguieron para solucionar el problema de la Caja”, manifestó.

De acuerdo con su relato, los primeros inconvenientes comenzaron durante junio del año pasado, cuando los haberes fueron depositados con demora. Al mes siguiente, sostuvo, directamente dejaron de percibirlos. El 25 de agosto presentaron una nota para conocer los motivos del incumplimiento, pero hasta el momento no habrían recibido una contestación formal.

Fontana explicó que inicialmente algunas familias pensaron que la falta de pago podía estar relacionada con la presentación del certificado de supervivencia. Sin embargo, con el paso de los meses comprobaron que el inconveniente era más amplio. “Todavía estamos esperando que nos contesten”, afirmó.

El reclamo también comprende a cerca de 200 efectivos que solicitaron su retiro, pero cuyos trámites habrían sido rechazados por la imposibilidad económica de afrontar las nuevas jubilaciones. Según la vocera, estos agentes quedaron en disponibilidad, sin encontrarse plenamente en actividad ni incorporados al sistema previsional. “A nosotros no nos pagan y a estos nuevos retirados no les aceptan el trámite porque la Caja no tiene dinero. Entonces queremos saber qué pasó durante todo este tiempo”, planteó.

Las manifestantes cuestionaron además las decisiones administrativas relacionadas con las leyes provinciales 1627 y 1628 y con los gastos de representación del directorio. Fontana sostuvo que los responsables del organismo recurrieron las restricciones establecidas para mantener esos adicionales, mientras continúan pendientes las obligaciones con quienes aportaron durante tres o cuatro décadas de servicio.

“Ellos consideran que los gastos de representación son un derecho adquirido por haber permanecido dos años en la Caja, pero nuestros esposos aportaron durante 30 o 40 años y hoy no reciben lo que les corresponde”, expresó.

La concentración frente a la dependencia policial fue elegida luego de que los directores manifestaran sentirse inseguros ante la presencia de las mujeres. Fontana rechazó que el grupo haya realizado amenazas y afirmó que la Comisaría Primera ofrece un ámbito adecuado para concretar una reunión con garantías para todas las partes.

En caso de no obtener una respuesta, adelantó que presentarán una nueva solicitud para que el encuentro se realice con la participación del jefe de Policía, Jacinto Rolón. Aunque reconoció que la Caja funciona como un organismo autárquico, señaló que la conducción policial interviene en la designación de sus representantes y, por ese motivo, consideró que debería actuar ante la gravedad del conflicto.

Fontana también recordó la reunión concretada en la Legislatura provincial y agradeció las gestiones de los legisladores Natalia Gracianía, Pablo Villegas y Victoria Vuoto. No obstante, afirmó que el directorio no pudo explicar qué acciones llevó adelante para evitar el desequilibrio entre los ingresos y los egresos del sistema.

Las familias solicitaron además la intervención del gobernador Gustavo Melella y advirtieron que el malestar aumenta ante la ausencia de soluciones. “Estamos en un punto que parece no tener fin y la paciencia ya está más que agotada”, concluyó Fontana.