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AFARTE y la UIF impulsan bajar del 70% al 30% el ensamblado de celulares en la provincia

Las cámaras empresariales y varias firmas radicadas en la provincia presentaron ante la Secretaría de Industria de la Nación una iniciativa para modificar el esquema productivo de telefonía móvil. El planteo ingresó mediante una nota conjunta dirigida al Ing. Javier Ignacio Cardini, titular de la Subsecretaría de Gestión Productiva.

El documento lleva la firma de AFARTE y de la Unión Industrial Fueguina, y suma adhesiones de compañías del polo electrónico como Mirgor, Radio Victoria, Electrofueguina, BGH, Newsan, Solnik y Sontec. El eje del pedido es reducir el nivel de despiece exigido para el ingreso de equipos al régimen: del 70% actual al 30%.

Hasta ahora, los celulares debían entrar con al menos el 70% de sus partes para ser ensamblados en Tierra del Fuego. Con el cambio propuesto, las empresas podrían incorporar equipos con un grado de integración mucho menor, lo que según estimaciones preliminares recortaría de manera significativa la necesidad de mano de obra en las líneas de telefonía.

Fuentes del sector calculan que el impacto podría alcanzar a la mitad de los operarios y operarias que hoy trabajan en esa actividad, si prospera la nueva regla. La preocupación crece por el posible efecto dominó en el empleo indirecto y en proveedores locales.

El pedido también contempla la aceptación de módulos “cerrados” fabricados con tecnologías como ultrasonido, soldadura láser y unificación por plasma. Al considerarse estos conjuntos como un solo componente, la cantidad de operaciones locales se reduciría aún más, profundizando el riesgo sobre los puestos de trabajo.

En el plano político, trascendió que el Gobierno nacional vería con buenos ojos la iniciativa. De confirmarse ese aval, el panorama para el empleo industrial en la isla podría complicarse en el corto plazo.

Empresarios y autoridades fabriles insisten en que la actualización permitiría adecuar el régimen a nuevas tecnologías; del otro lado, sindicatos y actores locales advierten que la menor exigencia de despiece vaciaría de contenido al proceso de ensamblado en la provincia, con un costo social elevado. El debate quedó abierto.

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