El presidente de la Asociación de Colegios Públicos de Gestión Privada, Alberto Cabral, advirtió que el sistema educativo fueguino atraviesa un conflicto inesperado: una resolución del Ministerio de Educación que deja fuera a los docentes de gestión privada de una mejora salarial acordada en paritarias y destinada únicamente al sector estatal.

Cabral recordó que, a lo largo de 2024 y 2025, el vínculo con las autoridades provinciales había sido fluido. Señaló que existió “un muy buen entendimiento” tanto con el ministro de Economía como con el ministro de Educación y el área de educación privada, por lo que calificó la decisión del Ejecutivo como “sorpresiva” y alejada del recorrido que venían construyendo.

El dirigente remarcó que todo el trabajo conjunto se venía desarrollando bajo el paraguas de la Ley 749, norma que establece el aporte financiero estatal a los colegios públicos de gestión privada y que obliga a equiparar las condiciones salariales entre los docentes de la gestión estatal y los de las instituciones privadas que integran el sistema público.

Al reconstruir el origen del conflicto, Cabral explicó que el 30 de octubre se firmó un acta paritaria entre el Gobierno provincial y el sindicato docente. Ese acuerdo, luego homologado por la Secretaría de Trabajo y ratificado por el propio Ejecutivo, incorporó una nueva asignación remunerativa. No se trataba de un porcentaje sobre el básico, sino de un adicional calculado por horas cátedra, aunque con carácter plenamente remunerativo.

La polémica se encendió al conocerse una resolución del ministro de Educación emitida el miércoles posterior, en la que se aclara que la asignación alcanzará únicamente a los docentes de escuelas estatales. “Incluso se publica un listado detallando todas las unidades educativas estatales que van a percibir ese concepto”, señaló Cabral, marcando que los colegios de gestión privada quedaron explícitamente excluidos.

Para la Asociación, esta decisión vulnera de manera directa la letra y el espíritu de la Ley 749. Cabral insistió en que la norma es clara cuando dispone que los docentes de colegios públicos de gestión privada deben cobrar “en condiciones exactamente iguales” a sus pares de la gestión estatal. “No hay dos sistemas educativos; el sistema educativo es uno solo”, subrayó.

En términos concretos, el dirigente estimó que la nueva asignación equivale a “casi un 5% del sueldo” de los docentes, porcentaje que varía según la antigüedad y que los trabajadores estatales cobrarán junto con los haberes de noviembre, a acreditarse el viernes 5 de diciembre. En cambio, los docentes de gestión privada recibirán la noticia de que ese ítem no será incluido en sus recibos.

Cabral advirtió que no se trata de un pago único, sino de un concepto que se proyecta sobre los próximos meses: tendrá impacto en el salario de diciembre, en el aguinaldo y en el sueldo de enero. Por eso consideró que la brecha entre ambos sectores “se irá profundizando mes a mes”. A ello se suma que el circuito de liquidación del aporte financiero estatal también quedó frenado, ya que, según explicó, la propia resolución es la que impide que ese proceso avance con normalidad.