La crisis financiera de la Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario Provincial y Compensadora para el Personal del ex Territorio alcanzó niveles preocupantes, con obligaciones impagas que superan los $7.050 millones y casi 200 reclamos actualmente judicializados.

De acuerdo con información correspondiente a abril de 2026, el organismo mantiene pendientes diez períodos de haberes compensatorios y dos cuotas del sueldo anual complementario. La situación fue detallada en la Nota Externa 105/2026, suscripta por el presidente de la institución, comisario general retirado Héctor Ernesto Bordón.

El mayor volumen del pasivo está relacionado con los propios beneficiarios del régimen. En ese concepto, la deuda asciende a $6.874.844.855,80. Además, figuran compromisos por $131.530.948,53 con la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y otros $44.603.441,74 con la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego.

La suma de esas obligaciones eleva el pasivo informado a $7.050.979.246,07. Desde la conducción de la Caja describieron el panorama como de “extrema gravedad institucional”, ante las dificultades existentes para garantizar en tiempo y forma el pago de las prestaciones.

El organismo sostiene que la demora no obedece a una decisión administrativa de suspender los pagos, sino a la falta de disponibilidad financiera para hacer frente a los compromisos. Según el informe, la escasez de recursos líquidos se combina con la ausencia de herramientas financieras o normativas capaces de solucionar el déficit que arrastra el sistema.

Los inconvenientes ya habían sido reconocidos oficialmente a través de la Resolución de Directorio 40/2026, donde se dejó constancia del desfinanciamiento y del desequilibrio estructural que afecta al régimen. Como consecuencia, incluso los pagos correspondientes a abril quedaron sujetos a un esquema de prioridades y condicionados al ingreso efectivo de fondos en las cuentas del organismo.

A este escenario se agrega el avance de los reclamos judiciales. Actualmente se contabilizan 197 expedientes en distintos estados procesales dentro de los fueros provinciales, iniciados por beneficiarios que buscan percibir las sumas adeudadas.

Las autoridades advirtieron que una eventual evolución desfavorable de esas causas podría profundizar todavía más las dificultades económicas. Con más de $7.000 millones pendientes, haberes y aguinaldos sin cancelar y una creciente judicialización, la situación expone el delicado estado financiero del sistema previsional destinado al personal policial, penitenciario y beneficiarios provenientes del ex Territorio.