El Gobierno nacional oficializó este viernes el protocolo para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que establece los derechos y obligaciones de pacientes, médicos e instituciones de la salud en lo que se refiere a la aplicación de la ley de aborto.

A través de la resolución 1535, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se dió a conocer el documento de 118 páginas, en el marco de la ley sancionada el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de este año.

"La decisión de la persona gestante es incuestionable y no debe ser sometida por parte de las/os profesionales de salud a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas", advierte la normativa.

En esta instancia, se indica además que "el derecho a la IVE/ILE corresponde a todas las mujeres, niñas, adolescentes y las personas con otras identidades de género con capacidad de gestar (varones trans, personas no binarias, entre otras)".

"Estas personas serán quienes podrán decidir la interrupción del embarazo; requerir y acceder a la atención en los servicios del sistema de salud; recibir atención sanitaria post aborto y prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a información, educación sexual integral y métodos anticonceptivos eficaces", apunta el texto oficial.

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Los equipos de salud son considerados como los "principales garantes del acceso" del aborto, al igual que los encargados de "prevenir y/o evitar peligros y daños a la integridad física y psíquica de quien acude al sistema de salud, ya sea que se trate del subsistema público, del de obras sociales o del privado".

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El protocolo, entre otros aspectos, "incorpora las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la interrupción legal del embarazo -dosis de medicamentos y aspiración manual endouterina (AMEU)- y refuerza la importancia del acceso rápido a la atención integral, reforzando la necesidad de resolución en el primer nivel de atención y en los tratamientos con medicamentos".

De esta forma, "el personal de salud tiene que capacitarse en los contenidos de la Ley 27.610", mientras que los ministerios de Salud de Nación, provincias y la Ciudad "deben implementar los programas correspondientes".

Principio de confidencialidad

El personal de salud tiene que crear las condiciones necesarias para el resguardo de la confidencialidad y el secreto médico durante todo el proceso de atención y también con posterioridad.

Además, se enfatiza que "la obligación" de preservar la identidad "es extensiva a toda persona que acceda a la documentación clínica de las prestaciones reguladas".