La Legislatura provincial deberá definir, luego del receso invernal, si avanza con el análisis de un proyecto que busca cambiar el sistema de compensación para los usuarios de Gas Licuado de Petróleo. La iniciativa, presentada por Nancy Minolfi, propone garantizar el acceso al combustible a las familias que no cuentan con conexión a la red de gas natural.

La principal modificación consiste en reemplazar los cupos fijos y la distribución por zonas por un esquema progresivo, calculado según el consumo mensual de cada vivienda. Entre mayo y septiembre se establecería un bloque protegido de hasta 450 kilos, mientras que entre octubre y abril sería de 240 kilos. Dentro de esos límites, el usuario pagaría solamente el 2% del valor y el Estado cubriría el 98% restante.

Cuando el consumo supere esos niveles, el porcentaje abonado por el beneficiario aumentaría gradualmente. En invierno, el copago sería del 5% entre 451 y 550 kilos, del 8% hasta los 650 y del 11% hasta los 750 kilos. En los meses de menor demanda se utilizaría la misma escala desde los 241 kilos. El proyecto aclara que, aunque el consumo continúe aumentando, la ayuda estatal nunca podrá ser eliminada por completo.

Otra de las modificaciones permitirá que las familias accedan al régimen aunque no tengan título de propiedad, mensura o nomenclatura catastral. El beneficio también alcanzaría a viviendas rurales, casas rodantes utilizadas como residencia permanente, embarcaciones habitadas, comedores, merenderos y pequeños emprendimientos de subsistencia. Durante alertas meteorológicas, el bloque protegido se ampliaría automáticamente en 10 kilos diarios.

La propuesta contempla además la creación de un registro único de vulnerabilidad energética, programas para mejorar la eficiencia de las viviendas y financiamiento para futuras conexiones a la red de gas. El Ministerio de Economía sería la autoridad de aplicación y un comité integrado por organismos públicos, legisladores y representantes vecinales controlaría el funcionamiento. En caso de aprobarse, el Ejecutivo tendría 90 días para reglamentar la norma, pero las demoras administrativas no podrían provocar la suspensión o reducción del subsidio.