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Interes General

Proponen que candidatos y funcionarios se sometan a un examen psicológico antes de asumir cargos públicos

Un proyecto de ley presentado en el Congreso generó debate al plantear que quienes aspiren a cargos electivos o funciones en el Poder Ejecutivo deban someterse a una evaluación psicológica previa. La iniciativa fue impulsada por la diputada de La Libertad Avanza, Mercedes Llano, quien propone establecer una “Evaluación de idoneidad Psicológica Funcional” como requisito para acceder a responsabilidades de gobierno.

Según explicó la legisladora, el objetivo es asegurar que quienes ocupen posiciones de liderazgo político tengan las condiciones necesarias para ejercer funciones públicas. En ese sentido, sostuvo que la propuesta busca “garantizar que quienes conduzcan los destinos del país cuenten con las aptitudes conductuales, emocionales y cognitivas necesarias para el ejercicio del liderazgo estatal”.

El proyecto define además el alcance de la evaluación y los criterios que deberían contemplarse. En el texto se señala que “A los efectos de esta ley, se entiende por Idoneidad Psicológica Funcional la posesión de las aptitudes conductuales, emocionales y cognitivas necesarias para el ejercicio del mando político y la representación popular”.

La iniciativa establece que la evaluación sería obligatoria para los candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, quienes deberían aprobarla antes de la oficialización de sus candidaturas ante la Justicia Electoral. También alcanzaría a los legisladores nacionales electos, que deberían acreditar el examen antes de asumir sus bancas, y a quienes aspiren a ocupar altos cargos en el Poder Ejecutivo Nacional.

De acuerdo con el proyecto, las evaluaciones serían realizadas por “organismos especializados, independientes y técnicamente idóneos, designados conforme a la reglamentación”, y los resultados tendrían carácter reservado. En ese sentido, se establece que el proceso será estrictamente confidencial y que únicamente se informará el dictamen final —“Apto Funcional” o “No Apto Funcional”— a la autoridad correspondiente, sin difundir detalles clínicos ni fundamentos técnicos.

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