La propuesta apunta a que jubilados, trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios de planes sociales puedan reemplazar deudas de alto costo financiero por créditos con condiciones más estables, cuotas adaptadas a la capacidad de pago y tasas vinculadas a parámetros de mercado.

El proyecto establece la creación de una línea de crédito directa administrada por ANSES, con un monto máximo de hasta $1.500.000 por solicitante. Las tasas se calcularían en base a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) más diez puntos porcentuales. A su vez, se fija un límite para evitar nuevos procesos de sobreendeudamiento: la cuota no podrá superar el 30% de los ingresos del beneficiario, con plazos definidos según cada situación particular.

El mecanismo previsto elimina intermediarios. La persona interesada gestionaría el crédito a través de una plataforma digital de ANSES e informaría cuál es la entidad —tarjeta de crédito o fintech— con la que mantiene la deuda. Luego, el organismo cancelaría directamente ese pasivo y el beneficiario comenzaría a devolver el préstamo en cuotas mensuales.

Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es sustituir deudas con tasas consideradas excesivas por compromisos financieros más previsibles, permitiendo a las familias reorganizar su economía sin quedar atrapadas en esquemas crediticios de difícil cumplimiento.

La iniciativa también plantea que la operatoria no implicaría un perjuicio fiscal, ya que los préstamos se otorgarían a tasas de mercado, por encima del costo de fondeo del sistema financiero, lo que convertiría al programa en una inversión sustentable para el organismo previsional.

De acuerdo al texto presentado, el universo potencial de beneficiarios alcanzaría a unos 15 millones de personas, incluyendo jubilados y pensionados (hasta seis jubilaciones mínimas), titulares de AUH y asignación por embarazo, trabajadores registrados (hasta seis salarios mínimos), personal de casas particulares y monotributistas de las categorías A a D.

En los fundamentos se describe un escenario marcado por ingresos deteriorados y un aumento sostenido de los gastos fijos, que empujó a millones de hogares a endeudarse para cubrir necesidades básicas. Ese proceso derivó en un fuerte crecimiento de deudas con tarjetas de crédito y, especialmente, con operadores no financieros, como fintech, cooperativas, mutuales y cadenas comerciales, que ofrecen préstamos con tasas muy superiores a las del sistema bancario.

El anexo del proyecto señala que la cartera de crédito fintech pasó de $724 mil millones a $2,58 billones en un año, mientras que las tasas de interés de estos operadores rondan el 130% de TNA, frente a aproximadamente 92% en tarjetas de crédito, en un contexto de inflación anual cercana al 30%.

Este encarecimiento del crédito también se reflejó en el aumento de la morosidad: la irregularidad en préstamos personales de operadores no financieros alcanzó el 20%, mientras que el sistema financiero regulado también registró niveles históricamente altos. En ese marco, el proyecto sostiene que el esquema actual “no es sostenible ni para los deudores ni para los prestadores” y plantea la necesidad de una intervención que permita reordenar el endeudamiento familiar.