El esquema previsional argentino volvió a quedar en el centro de la discusión pública a partir de un documento técnico elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), que reactivó el debate dentro del gobierno de Javier Milei y en el equipo económico que encabeza Luis Caputo.

El trabajo plantea que el sistema actual presenta serios problemas de sustentabilidad, equidad y eficiencia. Según el análisis, el gasto jubilatorio alcanza cerca del 10% del Producto Bruto Interno y se desarrolla sobre una estructura compleja, con múltiples excepciones, regímenes especiales y mecanismos transitorios que terminaron volviéndose permanentes.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la fragmentación normativa. Más de 200 regímenes diferenciales conviven con moratorias reiteradas y reglas que permiten que millones de personas accedan a un beneficio sin cumplir la edad mínima legal o con aportes incompletos. Esto, advierten, genera fuertes desigualdades entre personas con trayectorias laborales similares.

Desde CIPPEC señalan que alrededor de 2,8 millones de beneficiarios se jubilan antes de los 60 o 65 años, según el caso, y que el sistema de pensiones por fallecimiento habilita la superposición de beneficios para más de un millón de personas. A eso se suma la elevada generosidad de algunos esquemas especiales, que incrementan el costo total sin una justificación homogénea.

Frente a este diagnóstico, la propuesta plantea un rediseño integral del régimen previsional. El eje central es la creación de un sistema más simple, apoyado en dos pilares. El primero sería una prestación básica universal, garantizada para todas las personas que alcancen la edad jubilatoria, destinada a asegurar un ingreso mínimo en la vejez, similar al esquema actual de la PUAM.

El segundo componente sería una prestación contributiva proporcional, calculada según la totalidad de los años efectivamente aportados. Con este cambio, se eliminaría la exigencia de contar con 30 años de aportes, de modo que cada trabajador reciba un haber acorde a su historia laboral, sin necesidad de recurrir a moratorias.

El informe también propone modificaciones profundas en las pensiones por fallecimiento. Entre los cambios sugeridos se incluye limitar el carácter vitalicio del beneficio para cónyuges jóvenes, establecer plazos vinculados a la edad del sobreviviente y redefinir el cálculo del haber cuando el beneficiario ya percibe una jubilación. En ese caso, solo la parte contributiva del fallecido generaría pensión, manteniendo una única prestación básica.

Otro punto sensible es el planteo de poner fin a las moratorias previsionales como herramienta estructural. Para CIPPEC, si bien permitieron ampliar la cobertura en el corto plazo, terminaron consolidando inequidades al equiparar situaciones laborales muy dispares. En la misma línea, se propone revisar la mayoría de los regímenes especiales y cajas profesionales, integrándolos al sistema general salvo en casos justificados por tareas insalubres o de alto riesgo.

En materia de invalidez, el documento sugiere unificar los distintos esquemas existentes. Las pensiones no contributivas serían absorbidas por el régimen contributivo, aplicando criterios comunes de evaluación médica y un cálculo de haberes similar al de la jubilación por vejez, combinando prestación básica y proporcional.

La iniciativa también incluye cambios graduales en la edad de retiro. Por un lado, plantea equiparar la edad jubilatoria de mujeres y varones, elevando progresivamente la de las mujeres de 60 a 65 años a razón de seis meses por año durante una década. Por otro, propone ajustar la edad mínima de toda la población en función de la expectativa de vida, con incrementos de un mes anual.

Según el centro de estudios, este nuevo esquema busca reemplazar un modelo basado en excepciones y parches normativos por reglas claras y comunes, con el objetivo de fortalecer la legitimidad del sistema previsional y mejorar su sostenibilidad a largo plazo.