Comprar alimentos en locales habilitados no es un detalle menor: es la primera barrera para cuidar la salud. Así lo remarcó el director de Bromatología del Municipio de Río Grande, el ingeniero agrónomo Víctor Canalis, al explicar el esquema de controles que se está desplegando en la ciudad.

El funcionario señaló que, detrás de lo que a simple vista parece la misma actividad, conviven realidades muy distintas. Hay puestos y carros con habilitación municipal vigente y, en paralelo, emprendimientos que operan por fuera de la normativa.

“Nos toca regular y fiscalizar a los ambulantes habilitados según ordenanza”, describió, y añadió que cuando detectan irregularidades se notifica para que se normalicen. “En algunos casos alcanza con ordenar la documentación; en otros debemos restringir la actividad o aplicar medidas más firmes”, dijo.

Canalis puso el foco en los riesgos de la manipulación inadecuada y de la producción sin controles. En los últimos meses crecieron las iniciativas familiares que elaboran y venden alimentos sin cumplir protocolos básicos de higiene, conservación y trazabilidad.

Uno de los puntos críticos es la comercialización de carne proveniente de circuitos irregulares: faena clandestina o transporte sin condiciones sanitarias ni cadena de frío. “Son productos sin control veterinario ni bromatológico que pueden derivar en enfermedades graves”, advirtió.

La estrategia municipal combina inspecciones, notificaciones y acompañamiento técnico con campañas de concientización. “Educación y prevención son nuestros ejes. La comunidad tiene un rol clave: elegir siempre lugares habilitados”, subrayó.

El director recordó que las enfermedades transmitidas por alimentos afectan con mayor dureza a los grupos vulnerables, especialmente a niñas y niños pequeños, y que pueden dejar secuelas. En Río Grande y en Tierra del Fuego, las tasas se han mantenido estables en la última década y media, pero eso no habilita a bajar la guardia.

También planteó el panorama nacional: Argentina figura entre los países con mayor incidencia de estas patologías, muchas veces subregistradas porque no siempre llegan a cuadros severos. “La responsabilidad es compartida: Estado, comercios y consumidores”, remarcó.

El mensaje de cierre fue claro: regularizar es posible y necesario. “Buscamos evitar los extremos, pero vamos a actuar cuando la salud pública esté en juego”, concluyó Canalis en diálogo con Radio Fueguina.