Luego de casi dos años sin novedades, la senadora nacional Magdalena Odarda impulsa la creación del Consejo Consultivo Parlamentario para el seguimiento de la Ley 26.776 que ordena la conexión marítima entre Tierra del Fuego y Santa Cruz por aguas argentinas y sin pasar por Chile, solicitado por la Federación de Transporte.

También elevó dos pedidos de informe requiriendo al gobierno de Macri conocer lo proyectado para la aplicación efectiva de la ley y lo realizado a partir del Fideicomiso constituido por Cristina Fernández de Kirchner el 24 de julio de 2015.

Pedidos de informe- Odarda -del Frente Progresista-CCARI de Río Negro- elevó a la Cámara que integra tres asuntos ligados al reclamo de cumplimiento efectivo de la Ley Nacional N°26.776, que ordena como “Política de Estado” la conexión marítima entre la isla grande de Tierra del Fuego y Santa Cruz, y la extensión de la Ruta Nacional N°40.

Por un lado, le requirió al Poder Ejecutivo Nacional “informe sobre el funcionamiento del FONDO FIDUCIARIO DEL CRUCE MARÍTIMO DEL SUR” -anunciado por cadena nacional el 23 de julio de 2015 por la ex Presidenta Cristina Fernández y ratificado al día siguiente a través del DNU 1423/15-.

Por otro lado, solicitó que “a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento de la Ley Nº26.776. En lo particular, responda: 1- Informe si se han realizado “el estudio de factibilidad, apertura de traza, demás estudios requeridos de la Ruta Nacional Nº40 y su ejecución en el territorio de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur” (art. 3º). 2- Informe si se han realizado el “estudio de factibilidad, demás estudios requeridos para la conexión marítima y su implementación entre los puntos operativamente más apropiados en orden a la menor distancia posible” (art. 5º).

Previsión de fondos- Odarda también planteó la creación de “un Consejo Consultivo Parlamentario que acompañe, impulse y potencie el desarrollo de los Estudios de Factibilidad, Ley Nacional N°26.776, integrado por miembros del Poder Legislativo Nacional, de los gobiernos de las Provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, las Universidades Públicas Nacionales, organizaciones sociales, sindicales y políticas de ambos Estados Provinciales”, tal como lo solicitó la Federación Popular del Transporte de Tierra del Fuego a comienzo de mes y por nota, a la vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti, a los 21 bloques del Senado; al presidente de Diputados Emilio Monzó y a los 39 bloques de la Cámara Baja.

Otro de los pedidos elevados por la Federación al Parlamento, es la previsión de fondos para el ejercicio financiero 2018, para que se lleven adelante los estudios de factibilidad que ordena la Ley 26.776, tanto en materia de conectividad marítima como para la extensión de la traza de la Ruta Nacional N°40. Tema sobre el cual la Senadora se comprometió a trabajar dentro de la Comisión de Presupuesto.

Cómo era el fideicomiso de mil millones de pesos que impulsaba la obra

Por el proyecto –que tiene el aval de una ley de la Nación del año 2012- se había constituido un Fideicomiso de 1000 millones de pesos pero el cambio de Gobierno nacional obligó a empezar otra vez desde el comienzo. El año pasado, desde la Federación Popular del Transporte Argentino (FEPOTRA), impulsores del proyecto, indicaron que deberá insistirse en el mismo y adelantaron que empezarán nuevamente con las mesas de trabajo.

El DNU publicado en su momento el Boletín Oficial de la Nación, establecía la creación del denominado “Fondo Fiduciario del Cruce Marítimo del Sur”, destinado a financiar las obras, que sería administrado por Nación Fideicomisos S.A, y tendría carácter “exclusivo e irrevocable” para la obra en cuestión.

Según se estipuló, la herramienta de financiación estaría constituida por “recursos provenientes del Tesoro Nacional, ingresos generados por el financiamiento de otros instrumentos financieros, y el producto de sus operaciones, la renta, frutos e inversión de los bienes fideicomitidos”.

El fondo fiduciario también estaría conformado por “ingresos obtenidos por emisión de valores fiduciarios de deuda, recursos provenientes de financiamiento de los organismos multilaterales de crédito destinados al mismo objeto del fideicomiso, y otros ingresos, aportes, contribuciones, subsidios, legados o donaciones\".

La intención de este proyecto era ni más ni menos que establecer una conexión diaria entre las dos provincias para el transporte de pasajeros, automóviles y camiones, y la distancia que preveía  recorrerse entre las terminales portuarias sería de 245 kilómetros y se completaría en menos de 4 horas.

La obra exigió la firma de un convenio marco entre las provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego y el Ministerio de Economía, que se concretó en Río Gallegos, entre los gobernadores Daniel Peralta, Fabiana Ríos y el ministro Axel Kicillof.

El DNU, además de la firma de la Presidenta, llevó la rúbrica de los 13 ministros y del entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.