El jueves 15 de enero de 2026 quedará marcado como una fecha bisagra para el negocio de la electrónica en la Argentina. Ese día se completa la eliminación total del arancel de importación de teléfonos celulares, una baja que se aplicó por tramos a lo largo de 2025 y que deja el derecho de ingreso en 0%.

La decisión llega acompañada por otros cambios: el Gobierno nacional reduce el arancel a las consolas de videojuegos del 35% al 20% y ajusta el esquema de impuestos internos para distintos productos. Con el nuevo cuadro, televisores y aires acondicionados importados pagarán 9,5%, mientras que los fabricados en Tierra del Fuego tributarán 0%.

Desde la Casa Rosada sostienen que el objetivo es directo: bajar precios, empujar más competencia y achicar la distancia entre los valores locales y los internacionales. En el extremo sur, sin embargo, el anuncio se leyó como una señal de riesgo para el corazón productivo fueguino.

La provincia se consolidó desde los años setenta como el principal polo de ensamble de celulares, televisores y electrodomésticos, apalancada en un régimen de promoción industrial que explica buena parte del empleo privado y también una red de puestos indirectos en logística, comercio y servicios.

En ese esquema, la medida que más preocupa es la de los celulares: son el producto de mayor volumen y uno de los que más mano de obra concentra. Con arancel cero, el importado pasa a competir sin filtro con el equipo ensamblado en la isla, debilitando uno de los incentivos económicos centrales para producir localmente.

El impacto no es igual en todos los rubros. La baja arancelaria para consolas favorece casi por completo a la importación, ya que no se fabrican en Tierra del Fuego. En cambio, el tratamiento impositivo para televisores y aires acondicionados conserva una ventaja para la industria fueguina: 0% vs. 9,5% frente al importado, un diferencial que podría sostener actividad en esos segmentos.

Aun así, en la provincia domina el temor a un “efecto dominó”: una caída fuerte en celulares podría repercutir en el resto de la economía local, desde el consumo hasta el transporte y los servicios, en ciudades donde la industria electrónica funciona como motor principal.

Tras los anuncios, la reacción fue inmediata. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) impulsó paros y movilizaciones, mientras el gobierno provincial advirtió sobre el riesgo para las fuentes de trabajo y buscó garantías empresariales para evitar despidos. El gobernador Gustavo Melella calificó el cambio como un golpe duro para el sector y planteó que lo que está en juego excede lo productivo: también se discuten el arraigo poblacional y el desarrollo en una zona estratégica.

En el plano empresario, el tono fue más prudente. Las compañías y la cámara del sector reconocen que la baja de impuestos internos puede ayudar a reducir costos, pero señalan que la apertura arancelaria obliga a rearmar estrategias. Entre las opciones que aparecen en el horizonte figuran ajustes de márgenes, reorganización de líneas y venta directa desde la isla al continente para mejorar competitividad.

Así, el 15 de enero de 2026 se perfila como un punto de partida. Para Nación, es la consolidación de una política orientada a precios más bajos; para Tierra del Fuego, el inicio de una transición cargada de preguntas, con un desafío central: sostener empleo y producción en un escenario con menos protección y más competencia externa.