El promedio nacional de empleo público provincial es de 50 trabajadores cada 1.000 habitantes. Sin embargo, ese número oculta una distribución muy desigual. Solo cuatro provincias se ubican por debajo de ese umbral: Córdoba, con 33 empleados públicos provinciales cada 1.000 habitantes, es la jurisdicción con menor peso relativo del Estado en el empleo. Le siguen Buenos Aires (38), Santa Fe (41) y Mendoza (45).

En el otro extremo, Tierra del Fuego encabeza el ranking con 141 empleados públicos provinciales cada 1.000 habitantes, más que cuadruplicando el registro de Córdoba. La siguen La Rioja y Neuquén, con 111 cada una, y Santa Cruz, con 109. Catamarca registra 100, Jujuy 83 y Chubut 79. Dentro del pelotón intermedio que supera el promedio nacional se ubica la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (64).

La economista Laura Caullo, de Fundación Mediterránea, señala que “en buena parte del país, el empleo estatal continúa teniendo un peso central dentro de la estructura ocupacional provincial, especialmente en jurisdicciones con menor densidad de empleo privado formal”.

Este panorama se da en un contexto de achicamiento del Estado a nivel nacional. Desde que Javier Milei asumió la presidencia, más de 66.000 personas dejaron de trabajar para el Estado y las empresas estatales, contando desde municipios hasta el Gobierno nacional.

Fundación Mediterránea plantea que las diferencias entre provincias “no son sólo estadísticas: reflejan distintos niveles de productividad, desarrollo empresarial, inserción exportadora y capacidad de generar empleo formal”. En ese sentido, el peso del empleo público en ciertas jurisdicciones responde, en parte, a la ausencia de un sector privado capaz de absorber la oferta laboral disponible.