La discusión por la Reforma de la Constitución de Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo: un grupo de vecinos inició una campaña de firmas en internet para pedir que no se convoque a convencionales ni se avance con cambios en la Carta Magna provincial.

La iniciativa, publicada el 19 de octubre en la plataforma Change.org, reúne hasta ahora 64 adhesiones y plantea un rechazo “por inoportuna, innecesaria y costosa”. Los impulsores sostienen que, en el marco de la crisis económica y social, el debate constitucional no es una prioridad.

Entre los argumentos, cuestionan el eventual pago de salarios con cuasimonedas, la posibilidad de limitar responsabilidades personales de funcionarios, el endeudamiento discrecional y el aumento del gasto político. También reclaman que la Caja de Jubilaciones y la OSEF sean administradas por sus afiliados, además de resguardar el ambiente, los recursos naturales y garantizar la alternancia en el poder.

El escenario judicial, mientras tanto, se movió días antes: el 16 de octubre el Superior Tribunal de Justicia desestimó por “inadmisible” el recurso extraordinario federal presentado en 2024 por el legislador Jorge Lechman. La resolución —suscripta por cuatro de los cinco integrantes del cuerpo— impuso costas al recurrente bajo el principio objetivo de la derrota.

En paralelo, encuestas difundidas en los últimos meses registraron una proporción mayoritaria de fueguinos contrarios a la reforma, con la percepción de que la agenda institucional no debería desplazarse por encima de urgencias económicas y sociales. Con la junta de firmas en marcha, el debate vuelve a la calle —y a la pantalla— mientras la dirigencia define si insistirá con el proceso constituyente.